América Juárez Navarro
Morelia, Michoacán, 22 de abril de 2025.-Tras los hechos ocurridos en Huajumbaro, Guillermo Valencia Reyes, dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), denunció la creciente complicidad y omisión de autoridades municipales y estatales frente al avance del crimen organizado en diversas regiones de Michoacán.
Al asegurar que hay omisión de autoridades municipales en esta localidad, cuestionó la inacción de los gobiernos locales no solo en zonas como Huajúmbaro, sino también en Coalcomán, Chinicuila y Aguililla, donde, aseguró, el crimen organizado no solo ha desplazado a pobladores, sino que mantiene un férreo control del territorio.
“La omisión es complicidad. Por acción o por omisión, se es responsable”, afirmó, al criticar que mientras los pobladores sufren ataques con minas explosivas y desplazamientos forzados, las autoridades municipales actúan como si nada ocurriera, e incluso realizan actividades irrelevantes para la población afectada, como brigadas de corte de cabello.
También denunció la existencia de narcolaboratorios, el saqueo de minas y la tala ilegal de maderas preciosas que, según él, han sido enviadas a China.
Valencia Reyes señaló que muchas comunidades ya han sido prácticamente despobladas por grupos armados, quienes imponen su ley y atentan contra candidatos en épocas electorales. “Tuvimos que bajar candidaturas por amenazas”, sostuvo, sugiriendo que el crimen incluso influye en los resultados electorales.
Afirmó que gran parte del territorio michoacano está en manos del crimen organizado, e ironizó con la idea de crear un “distrito del crimen organizado” para que los cárteles compitan abiertamente por cargos públicos. “Ya no es solo violencia, es una normalización del control delictivo”, declaró.
Además, alertó que este fenómeno no se limita a zonas rurales y que el riesgo se acerca a la capital del estado. “Que no nos sorprenda que esto llegue pronto a Morelia”, advirtió.
El líder priista concluyó pidiendo acciones urgentes por parte del gobierno estatal y federal para recuperar el control del territorio y proteger a las comunidades, señalando que la falta de cobertura, internet y condiciones básicas en muchas regiones impide que se escuche la voz de las víctimas.
