América Juárez Navarro
Morelia, Mich.- La presidenta municipal de Quiroga, Alma Mireya González Sánchez, advirtió que la reciente decisión para reconocer a El Calvario como comunidad indígena autónoma presenta inconsistencias que podrían derivar en un conflicto social, principalmente por la falta de consulta ciudadana y la ampliación irregular del padrón poblacional.
Según explicó, aunque la colonia El Calvario cuenta con 690 habitantes, diversas instancias estatales, entre ellas la Subsecretaría de Gobierno, avalaron un padrón de 6 mil 290 personas al sumar ocho barrios adicionales, sin informar ni consultar a los vecinos incluidos. “Nadie nos consultó. La gente no sabía que de un día para otro pasaría a formar parte de una comunidad autónoma. Esto genera incertidumbre y molestia”, señaló la alcaldesa, quien aseguró haber solicitado información al INEGI, al IEM y al INPI sin obtener claridad sobre quién definió las nuevas colindancias.
González Sánchez expuso que el 27 de agosto, tres días antes de concluir su administración, el entonces presidente municipal Arturo Estrada convocó a sesión de Cabildo para autorizar que la comunidad del Calvario recibiera el 23% del presupuesto municipal. La decisión, dijo, se basó en una asamblea de apenas 124 participantes, equivalente al 1.9% del padrón reconocido, muy por debajo del 50% más uno que debería respaldar un trámite de este tipo.
Además, consideró que podría existir un conflicto de interés, ya que Estrada fue nombrado comunero y recibió un terreno como parte del proceso. “Cuando el interés personal rebasa al interés común, ya estamos hablando de un acto con dolo”, declaró.
Con estas modificaciones, el municipio ya enfrenta la retención de la primera ministración correspondiente al 23% del presupuesto destinado a El Calvario, que se suma al 20% asignado a Santa Fe de la Laguna por su condición de comunidad autónoma. La alcaldesa explicó que esto la obliga a operar con solo el 43% del presupuesto total, situación que derivará en el recorte de alrededor del 30% del personal municipal. Incluso, mencionó que en la última quincena enfrentaron retrasos en la nómina por falta de recursos.
A pesar de que el recorte comenzó el 14 de noviembre, González Sánchez señaló que El Calvario aún no cuenta con claridad sobre la administración de servicios públicos como la recolección de basura, el panteón o el alumbrado. Por ello, el Ayuntamiento continúa prestando servicios en algunos barrios “por compromiso con la ciudadanía”.
Más de 900 habitantes participaron recientemente en una asamblea para manifestar su rechazo a ser incorporados a la comunidad autónoma. La comunidad agraria, junto con vecinos inconformes, ya interpuso un amparo para frenar la implementación del nuevo padrón. Por su parte, la presidenta municipal anunció que también presentará un juicio para impugnar el procedimiento.
Finalmente, hizo un llamado a las instituciones involucradas para reevaluar el proceso y garantizar transparencia: “No estoy en contra de la autonomía indígena. Lo único que pedimos es que se respete el derecho de decidir. Si alguien quiere pertenecer a El Calvario, adelante. Pero a quienes no, deben respetarles su libertad”.
