América Juárez Navarro
El Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) señaló que el cierre de año para los pueblos y comunidades indígenas ocurre en un escenario adverso, marcado por retrocesos en materia de autonomía, violaciones a derechos humanos, discriminación presupuestal y una política pública que privilegia el discurso sobre los resultados concretos.
En un posicionamiento público, el vocero del organismo, Pavel Ulianov Guzmán, advirtió que actualmente se desarrollan de manera simultánea cinco planes gubernamentales dirigidos a los pueblos originarios, sin que ninguno haya generado beneficios reales en territorio, infraestructura, acceso a la justicia o restitución de derechos.
Detalló que entre estos se encuentran el Plan Michoacán, el Plan Lázaro Cárdenas, el Plan de Justicia Purépecha, el Plan de Justicia del Pueblo Nahua y Afromexicano, así como el Plan de Justicia de los pueblos Mazahua, Otomí, Matlatzinca y Pirinda, los cuales, dijo, permanecen en el terreno de las promesas.
De acuerdo con Ulianov Guzmán, estas estrategias se han limitado a replicar programas sociales preexistentes, sin atender las demandas estructurales de las comunidades indígenas, como la recuperación del territorio, el fortalecimiento de la seguridad comunitaria y el ejercicio pleno de la autonomía.
Sostuvo que la ausencia de resultados evidencia una política de simulación que no se traduce en mejoras sustantivas para los pueblos originarios. Señaló que no existen obras de infraestructura de alto impacto ni acciones que garanticen certeza jurídica o justicia territorial.
El vocero del CSIM también denunció una profunda desigualdad en la asignación de recursos públicos, al indicar que el presupuesto destinado a las comunidades indígenas apenas representa el 0.03 por ciento del gasto estatal, cifra que contrasta con los recursos asignados a otras dependencias.
Asimismo, acusó a autoridades municipales y estatales de intentar frenar el avance de los autogobiernos indígenas mediante litigios, condicionamientos administrativos y mecanismos de subordinación, pese a que la legislación reconoce a las comunidades indígenas el mismo nivel de competencia que los ayuntamientos.
Finalmente, el Consejo Supremo Indígena advirtió que la defensa del territorio y de la autonomía continúa implicando riesgos graves, incluyendo la criminalización, la pérdida de la libertad y la violencia, en un contexto de impunidad persistente. Reiteró que los pueblos originarios demandan justicia efectiva, presupuesto directo y respeto pleno a su derecho a la libre autodeterminación, más allá de discursos oficiales.
