América Juárez Navarro
Morelia, Michoacán.— Tras la denuncia pública realizada por el dirigente estatal del PRI y diputado local, Guillermo Valencia Reyes, sobre la presunta desaparición forzada de dos jóvenes en el municipio de Irimbo, la dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) fijó postura y advirtió que este tipo de señalamientos pueden poner en riesgo la integridad de la presidenta municipal, Azucena Ruiz.
En entrevista con medios de comunicación, el dirigente estatal del PRD, Octavio Ocampo Córdoba, se refirió a la conferencia encabezada por el líder priista, en la que se presentó un video donde, según se afirmó, se observa la participación de patrullas municipales en la persecución de un vehículo relacionado con la desaparición de jóvenes ocurrida el 21 de marzo de 2024, así como las acusaciones de una supuesta colusión entre la policía municipal y el crimen organizado.
Ocampo Córdoba rechazó que este tipo de hechos se utilicen con fines políticos o mediáticos y subrayó que las denuncias sobre posibles delitos deben canalizarse por la vía institucional ante la Fiscalía General del Estado, y no resolverse en conferencias de prensa.
Señaló que, si bien el PRD siempre se mantendrá del lado de las víctimas y de las familias que exigen justicia, es irresponsable emitir acusaciones directas sin sustento legal, ya que ello puede generar consecuencias graves, particularmente para autoridades municipales en regiones con antecedentes de violencia.
Advirtió que responsabilizar públicamente a la presidenta municipal por hechos que aún se encuentran bajo investigación representa un riesgo real para su seguridad personal, al tiempo que enfatizó que no se debe politizar una tragedia ni utilizar el dolor de las familias para obtener posicionamiento político.
Durante su posicionamiento, el dirigente perredista mostró documentación oficial relacionada con el alta de elementos de la Policía Municipal, fechada el 10 de junio de 2024 y firmada por el entonces presidente municipal emanado del PRI, con la cual aseguró que los agentes señalados no fueron contratados por la actual administración encabezada por Azucena Ruiz.
Indicó que dichos elementos fueron dados de baja el 14 de julio de 2024, una vez que se tuvo conocimiento de las investigaciones, y que tanto los documentos de contratación como los de baja fueron entregados en original a la Fiscalía General del Estado como parte de la colaboración institucional del Ayuntamiento de Irimbo.
Ocampo Córdoba añadió que la presidenta municipal ha mantenido una actitud de apertura y cooperación con las autoridades investigadoras desde el inicio del caso, proporcionando la información requerida incluso durante la administración del exfiscal estatal, y reiteró que cualquier elemento de seguridad que tenga indicios de participación en hechos ilícitos debe ser investigado y sancionado conforme a la ley.
Finalmente, hizo un llamado a evitar el linchamiento político y mediático de una administración municipal, reiteró su respaldo a las familias de los jóvenes desaparecidos y exigió que la Fiscalía continúe con las investigaciones hasta esclarecer plenamente los hechos y dar con el paradero de las víctimas.
