América Juárez Navarro
Zitácuaro, Mich.– El reciente fallo condenatorio por crueldad animal emitido en la región oriente de Michoacán representa un parteaguas en la impartición de justicia y sienta un precedente inédito para el estado, al reconocer de manera explícita que los animales son sujetos de protección jurídica y que el maltrato en su contra conlleva consecuencias penales.
Así lo señaló Lenín Sánchez Rodríguez, presidente de la Sala Colegiada Civil Región Zitácuaro, quien destacó que se trata de la primera sentencia condenatoria por este delito en el oriente del estado.
“Este caso marca un antes y un después. Deja claro que el maltrato animal no es una falta menor, sino un delito que debe ser sancionado. Además, confirma que los animales tienen derecho a vivir sin violencia y que el Estado está obligado a garantizar su bienestar e integridad”, afirmó.
El magistrado explicó que la resolución se sustenta en la Constitución, el Código Penal de Michoacán y la Ley de los Derechos, Bienestar y Protección de los Animales, ordenamientos que reconocen el derecho de los animales a no ser maltratados. Subrayó que este criterio fortalece una visión de justicia más humana, responsable y acorde con los derechos emergentes.
El proceso judicial continuará con la audiencia de individualización de la pena y reparación del daño, programada para el próximo lunes 9 de febrero de 2026, en la que se determinará la sanción correspondiente. Más allá de la pena, Sánchez Rodríguez resaltó el impacto social del fallo.
“Este precedente tiene un efecto preventivo y educativo. Envía un mensaje claro a la sociedad: la crueldad animal no será tolerada y denunciar sí genera resultados”, puntualizó.
Rezago en fiscalías empaña el avance
No obstante, el avance judicial contrasta con el rezago institucional que persiste en la investigación de delitos por maltrato animal. Así lo advirtió Minerva Bautista Gómez, directora del Instituto Municipal de Protección Animal (IMPA), quien reveló que más de 30 carpetas de investigación continúan sin judicializar en la región.
“El caso de Zitácuaro es un avance importantísimo, sobre todo porque se resolvió con el Código Penal anterior a la reforma de diciembre. Eso demuestra que ya existían elementos suficientes para sancionar estos delitos y que otros casos detenidos podrían avanzar”, señaló.
De acuerdo con el IMPA, al menos siete u ocho expedientes corresponden a casos de extrema gravedad, que incluyen violaciones, tortura y ataques con objetos punzocortantes, sin que hasta ahora se haya llegado siquiera a mecanismos alternativos de solución.
Bautista Gómez citó como ejemplo el caso de Pelusa, una perrita de la comunidad de Naranja de Rosales que quedó parapléjica tras ser atacada con un machete. Pese a contar con dictámenes médicos y pruebas, el proceso no prosperó.
“En las audiencias, el juez prácticamente insistía en que los dueños desistieran de la acción penal porque el agresor era familiar. Eso invisibiliza a la víctima animal y desincentiva la denuncia”, lamentó.
La funcionaria subrayó que el precedente de Zitácuaro demuestra que, cuando la autoridad judicial mantiene una postura firme y no presiona para el desistimiento, es posible alcanzar resoluciones ejemplares.
“En números puede parecer poco, pero tener una sentencia lo cambia todo. Marca el piso para que desde el primer reporte pensemos en judicializar: recabar pruebas, dictámenes médicos y resguardar evidencias”, explicó.
Finalmente, hizo un llamado a las fiscalías regionales a acelerar los procesos y fortalecer su capacidad pericial.
“La justicia animal no puede depender de la voluntad del juez ni del desgaste de las víctimas. Si no se judicializan los casos, el mensaje es que la violencia contra los animales no tiene consecuencias”, concluyó.
