América Juárez Navarro
El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, Guillermo Valencia Reyes, demandó la aplicación inmediata de la llamada Operación Enjambre en el municipio de Zitácuaro, al advertir que en esa demarcación se concentra una red criminal que, afirmó, opera con presuntos vínculos institucionales.
En conferencia de prensa, el líder priista señaló que la reciente agresión contra el activista Raúl Ocelot, atribuida presuntamente a Juan de Dios, hermano del presidente municipal Antonio Ixtlahuac Orihuela, refleja un patrón de violencia que se ha repetido en Michoacán contra quienes denuncian públicamente la relación entre autoridades locales y grupos delictivos.
Valencia Reyes sostuvo que la estructura criminal en el estado funciona como un “panal”, cuya principal concentración —dijo— se encuentra en Zitácuaro, y acusó directamente al edil de mantener vínculos con la delincuencia organizada, lo que, a su juicio, exige una intervención inmediata de las autoridades federales y estatales.
El dirigente del PRI recordó que casos como los de Hipólito Mora, Carlos Manzo y Bernardo Bravo siguieron un mismo esquema: denuncias públicas de amenazas, advertencias previas y posteriormente homicidios, sin que existiera una respuesta eficaz del Estado para prevenir los ataques. En ese contexto, advirtió que no permitirán que una situación similar ocurra ahora con Raúl Ocelot.
Aunque reconoció que ya se presentó una denuncia formal por las agresiones y amenazas, Valencia Reyes afirmó que las medidas de protección resultan insuficientes, al depender de corporaciones municipales en las que —aseguró— no hay confianza, debido a la falta de actuación policial durante los hechos.
Incluso, responsabilizó directamente a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, de cualquier daño que pudiera sufrir el activista, al considerar que existe una omisión sistemática por parte del gobierno frente a este tipo de denuncias.
Durante la misma conferencia, Raúl Ocelot relató que la agresión ocurrió en un ambiente de intimidación, frente a elementos de seguridad que no intervinieron. Precisó que la denuncia interpuesta incluye señalamientos por lesiones, amenazas, abuso de autoridad y posibles responsabilidades por omisión de los agentes que se encontraban en el lugar.
Finalmente, Guillermo Valencia anunció que buscará un acercamiento con el fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, para exigir que las investigaciones no se limiten a los hechos inmediatos, sino que alcancen a las posibles redes de protección institucional, al subrayar que los señalamientos públicos constituyen, por sí mismos, un elemento suficiente para que el Estado actúe.
