Mauro Antonio Mosso Benítez, director de Tránsito y Vialidad del municipio de Iguala, en Guerrero, fue detenido por su presunta vinculación con la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en septiembre de 2014.
El Gabinete de Seguridad informó que el operativo se llevó a cabo en un inmueble ubicado en el fraccionamiento Villas del Rey, en dicho municipio guerrerense, como resultado de meses de investigación coordinada entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional.
En el lugar, además de detener al funcionario, las autoridades aseguraron material que refuerza los cargos en su contra, así como dos armas de fuego, cartuchos, un cargador y dosis de droga.
De acuerdo con las líneas de investigación, el ahora detenido está vinculado directamente con los hechos ocurridos en la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando los 43 estudiantes desaparecieron en Iguala.
Las indagatorias señalan que Mauro Antonio Mosso Benítez, quien en ese entonces estaba activo como policía estatal, habría utilizado un teléfono celular perteneciente a uno de los normalistas desaparecidos el 27 de septiembre de ese mismo año, lo que lo coloca en el centro de los hechos.
El funcionario fue detenido por el delito de delincuencia organizada y puesto a disposición del agente del Ministerio Público competente, quien determinará su situación jurídica.
El 30 de septiembre de 2024, el alcalde de Iguala, Erick Catalán Rendón, quien llegó al cargo respaldado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), designó a Mosso Benítez como director de Tránsito y Vialidad del Municipio.
En dos operativos, uno realizado en noviembre y otro en diciembre de 2025, agentes detuvieron al empresario Francisco Rueda y a su hijo Rodolfo, además de que clausuraron dos velatorios que son de su propiedad y las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) en Iguala que esta familia lo tenía como concesión por parte de la Secretaría de Salud estatal.
Las dos diligencias judiciales también forman parte de las investigaciones del caso Ayotzinapa.
De acuerdo a las autoridades, la FGR sigue una línea de investigación de que en el Semefo y en los dos velatorios habrían sido utilizados por integrantes del grupo criminal de Guerreros Unidos para cremar a un grupo de los 43 normalistas.
