Laudos y desorden administrativo elevan el costo del Congreso de Michoacán

América Juárez Navarro

Morelia, Mich.— El alto costo del Congreso del Estado de Michoacán está ligado principalmente a la carga de laudos laborales acumulados y a un desorden administrativo heredado de legislaturas anteriores, afirmó el presidente de la Mesa Directiva, Baltazar Gaona García.

El legislador informó que actualmente el Poder Legislativo enfrenta alrededor de 150 laudos laborales, algunos derivados de demandas que datan de hace más de una década, cuyos pagos representan un fuerte impacto financiero.

“Hay casos que se están resolviendo de hace 10 o 12 años. Un solo laudo puede alcanzar los 3 millones de pesos; ahora imagina lo que implica cuando hablamos de más de 150”, señaló.

Gaona García aclaró que estos compromisos no se originaron en la actual legislatura, sino que son resultado de prácticas administrativas del pasado, lo que ha obligado a destinar una parte considerable del presupuesto al pago de indemnizaciones.

Detalló que cerca del 70% del presupuesto del Congreso se destina a nómina, lo que limita la posibilidad de reducir el gasto legislativo.

Asimismo, explicó que dentro del presupuesto que se atribuye al Congreso también se incluye el recurso destinado a la Auditoría Superior de Michoacán, que supera los 300 millones de pesos.

El presidente de la Mesa Directiva reconoció que existe un desorden administrativo heredado, derivado de la contratación de personal sin procesos formales en años anteriores.

“Había trabajadores que ingresaban sin contrato. Cuando llega una demanda, pueden argumentar que tienen 20 años laborando y no hay forma de comprobar lo contrario”, explicó.

Ante este escenario, indicó que se trabaja en la implementación de reglas claras para regular la contratación de personal y evitar que se generen nuevos conflictos laborales.

Finalmente, Gaona García subrayó que el principal reto es sanear las finanzas del Congreso y ordenar el capítulo 1000, correspondiente al gasto en servicios personales, para frenar la acumulación de pasivos laborales que continúan presionando el presupuesto legislativo.