América Juárez Navarro
Morelia, Mich.— Al menos 20 investigaciones contra autoridades municipales, principalmente mandos de seguridad, mantiene abiertas la Fiscalía General del Estado (FGE), cuyos avances ya fueron compartidos con instancias federales especializadas en delincuencia organizada.
El fiscal general, Carlos Torres Piña, informó que estas indagatorias derivan de distintas carpetas en las que se han detectado posibles vínculos o irregularidades en corporaciones policiales, por lo que parte de la información fue remitida a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).
“En varios municipios traemos investigaciones contra autoridades, sobre todo de áreas de seguridad… yo compartí información a la FEMDO de datos que se han desprendido en muchas carpetas sobre el tema de delincuencia organizada… son varias, yo creo que han de llegar a las 20”, declaró.
Entre los municipios señalados se encuentran Chavinda, Jiquilpan, Sahuayo, Tuxpan y Maravatío, además de Ario de Rosales, donde existen órdenes de aprehensión contra policías, de los cuales varios permanecen prófugos.
El fiscal precisó que, hasta el momento, las investigaciones se concentran en corporaciones de seguridad pública, mientras que otras líneas relacionadas con autoridades de distinto nivel corresponden a fiscalías especializadas.
En este contexto, Torres Piña se refirió al caso de Ecuandureo, donde la Fiscalía impugnó la decisión judicial que permitió a los detenidos enfrentar el proceso en libertad bajo medidas cautelares.
Explicó que las armas aseguradas contaban con registro oficial, por lo que no se configuró el delito de portación ilegal, y que la cantidad de droga no superó el umbral legal para prisión preventiva, además de que el juez no consideró como prueba suficiente las insignias de un grupo criminal.
“Las armas que tenían estaban regulares… la cantidad de droga no era suficiente para prisión preventiva y las insignias del cártel no fueron valoradas… nosotros no compartimos ese criterio y tomamos la decisión de apelar”, señaló.
Añadió que la integración del caso se vio afectada por la negativa judicial para acceder a información de dispositivos móviles.
“Nos negaron dos veces la extracción de la información de los celulares… eso nos retrasó mucho la aportación de estos elementos y ahora en la apelación estaremos integrando el expediente completo”, indicó.
