América Juárez Navarro
Morelia, Michoacán, 23 de abril de 2026.- El Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) exigió la destitución del titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) estatal, al acusar a la dependencia de incumplir desde hace más de un año con la entrega de apoyos y programas destinados a comunidades originarias y afromexicanas de la entidad.
En un pronunciamiento público, el vocero del CSIM, Pavel Ulianov Macario Guzmán, señaló que los retrasos afectan a comunidades purépechas, otomíes, matlatzincas, mazahuas, nahuas y afromexicanas, pese a que, aseguró, ya fueron cubiertos los requisitos, comprobaciones e incluso pagos correspondientes por parte de los beneficiarios. Entre los incumplimientos enlistados se encuentran fertilizantes químicos y compostas para tres comunidades desde abril de 2025; cemento para obras hidráulicas y agropecuarias en 10 comunidades; apoyos del programa Consume lo que produces para 25 comunidades desde hace dos años, así como materiales de infraestructura pecuaria para 15 comunidades.
“El problema es que ya se entregó la documentación, ya se hicieron los pagos respectivos y no han cumplido”, expuso el vocero, al sostener que todos los compromisos están “debidamente minutados y presupuestados”. El Consejo acusó además que la dependencia no asiste a reuniones de trabajo convocadas por la Secretaría de Gobierno y señaló que, a su juicio, existe negligencia e ineficiencia en el manejo de los programas para el campo indígena.
Durante la rueda de prensa, autoridades comunales respaldaron la denuncia y afirmaron que la falta de respuesta gubernamental también les ha generado desgaste frente a sus propias comunidades. Guadalupe Díaz Covarrubias, enlace de agricultura de Tomendán, expuso que las autoridades tradicionales son quienes enfrentan directamente los reclamos de productores. “La gente nos pide explicaciones a nosotros, que dónde están los apoyos, que ya se dio documentación, que ya se dio el pago y que tenemos un año sin recibirlos”, dijo.
A su vez, representantes de comunidades como Tomendán, Jarácuaro y Zacán señalaron que han solicitado apoyos básicos como pollitos, alambre de púas, composta, fertilizante y cemento, pero no maquinaria o equipo costoso. En ese sentido, consideraron que lo requerido es mínimo frente a las necesidades reales del campo. Un consejero de Jarácuaro señaló que incluso el costo de rentar maquinaria agrícola puede alcanzar hasta 3 mil pesos por hectárea, por lo que insistió en que el respaldo institucional resulta indispensable para las familias campesinas.
El CSIM sostuvo que en promedio unas 25 comunidades quedaron sin recibir programas de años pasados y advirtió que en 2026 todavía no se ha entregado ningún apoyo, pese a que ya fueron abiertas las ventanillas para nuevos trámites. “¿Cómo abren ya las ventanillas si ni siquiera han cumplido lo del año pasado?”, cuestionaron los representantes indígenas.
En la misma comparecencia también se denunció la falta de atención ante brotes de gusano barrenador en algunas comunidades. Autoridades comunales afirmaron que el problema ya ha sido detectado en perros, borregos, ganado e incluso en personas, sin que hasta ahora hayan recibido los kits de atención y medicamentos prometidos por las autoridades. Advirtieron que se trata de un tema delicado para la producción pecuaria y para la salud de las comunidades.
Ante este panorama, el Consejo Supremo Indígena emplazó al Gobierno de Michoacán a resolver los rezagos en los programas del campo y demandó una investigación para revisar el manejo de los recursos y deslindar responsabilidades. De no haber respuesta, advirtió que en breve podrían emprender una jornada de movilización en defensa del campo indígena.
