América Juárez Navarro
A un año del asesinato de Bernardo Bravo, su esposa, Amélie Navarro Lepe, aseguró que ninguna justicia podrá reparar la ausencia de quien fue su compañero de vida durante muchos años y padre de familia. La magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) reconoció avances en las investigaciones, pero advirtió que las autoridades todavía tienen resultados pendientes y que la justicia integral no puede limitarse a las detenciones realizadas.
“Yo siempre voy a exigir, se los he dicho desde un principio, justicia integral, es lo mínimo, justicia para Bernardo, pero eso es un tema que le toca a las autoridades. […] Seguiré exigiendo justicia integral, aunque la verdad para mí y para mi familia no va a llegar una justicia que llegue a reparar la ausencia y la injusticia de la falta y de la pérdida de Bernardo”, expresó al recordar a su esposo.
Navarro Lepe sostuvo que aún falta esclarecer si existen otros responsables del crimen y pidió que las investigaciones consideren la condición de Bernardo Bravo como defensor de derechos sociales. Señaló que, aunque reconoce las actuaciones de las autoridades, los resultados deberán demostrar si se ha cumplido con el deber de investigar diligentemente, particularmente después del pronunciamiento que realizó la Organización de las Naciones Unidas sobre el caso.
La magistrada recordó a Bernardo no solamente como un dirigente social que exigía precios justos para los productores del campo y condiciones de seguridad para las comunidades de Tierra Caliente, sino como el hombre con quien compartió su vida. “Bernardo tenía derecho a vivir. Bernardo tenía derecho a vivir con sus convicciones, con sus exigencias, levantando la voz, exigiendo derechos y Bernardo tenía derecho a volver a casa después de hacerlo”, manifestó.
Finalmente, señaló que por ahora su prioridad es cuidar de su familia, honrar la memoria de su esposo y mantener vigentes las causas por las que luchó. Reconoció que su asesinato también tuvo consecuencias para el sector que representaba, al considerar que hechos de esta naturaleza inhiben la participación y las voces de quienes exigen derechos. Insistió en que seguirá reclamando justicia, no como un privilegio por su condición de magistrada, sino como un derecho que debe garantizarse a cualquier ciudadano.
