América Juárez Navarro
Morelia, Mich., 3 de noviembre de 2026.— La rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, acusó al gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla de intentar intervenir en la sucesión de la Rectoría, mediante presiones para remover al secretario general de la institución, juicios políticos en su contra y propuestas para modificar el reglamento de elección de las autoridades universitarias. Reveló que sostuvo dos reuniones con el mandatario estatal, en las que solicitó que se le permitiera concluir su administración sin intervenciones externas, pero aseguró que los acuerdos no fueron respetados. Según la rectora, la estrategia que identificó desde el gobierno consistía en: “Nombramos a un secretario general y con los juicios políticos quitamos a la rectora y la universidad será nuestra”.
Ávila González reveló que el distanciamiento con el gobernador comenzó cuando se opuso a una propuesta para reducir del 4.5 al 4.3 por ciento la asignación del presupuesto estatal a la Universidad Michoacana, lo que representaba aproximadamente 90 millones de pesos. Explicó que el planteamiento se realizó durante una reunión privada en Casa Michoacán y posteriormente fue abordado por la Secretaría de Finanzas. A partir de ese desacuerdo, aseguró que comenzaron las presiones, entre ellas citatorios a lugares no institucionales, donde presuntamente se le impedía ingresar acompañada o con teléfono celular. También señaló que el gobierno presentó propuestas de reglamento que, desde su perspectiva, contravenían la Ley Orgánica y el Estatuto Universitario, además de acusar que se pretende favorecer a un aspirante que no cumple con los requisitos para ocupar la Rectoría, aunque no reveló su identidad.
En medio de la confrontación, la rectora rechazó que pretenda reelegirse o prolongar su mandato y aseguró que concluirá sus funciones el 8 de enero de 2027, conforme al artículo 19 de la Ley Orgánica y al artículo 53 del Estatuto Universitario. Explicó que, bajo el procedimiento aprobado por el Consejo Universitario, correspondería a ese órgano designar a una persona interina que conduzca el proceso de sucesión, cuya elección definitiva se realizaría en noviembre de 2027 para evitar que coincida con el proceso electoral por la gubernatura. Defendió el reglamento aprobado con 85 votos a favor y uno en contra, mediante el cual estudiantes, docentes y trabajadores administrativos participarían en una auscultación para integrar una propuesta de dos mujeres y dos hombres. “Los tiempos de la universidad son los tiempos de la universidad, no son los tiempos del gobernador ni los tiempos de los diputados”, sostuvo.
La titular de la Casa de Hidalgo informó que presentó un amparo contra el dictamen de las comisiones legislativas que busca recuperar la antigua Comisión de Rectoría, mecanismo que consideró contrario a la autonomía universitaria. Advirtió que continuarán la defensa jurídica y que acudirán, de ser necesario, a instancias nacionales, incluida la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También descartó suspender actividades académicas, cerrar instalaciones o convocar a un paro universitario, al señalar que las manifestaciones de inconformidad se desarrollarán principalmente mediante el debate público y las acciones legales. Asimismo, sostuvo que el Consejo Universitario tiene facultades para definir sus procedimientos internos y cuestionó que el Congreso pretenda modificar las reglas de sucesión cuando la propia Legislatura aprobó anteriormente las reformas constitucional y orgánica.
Las declaraciones de Ávila González se produjeron horas antes de que el Congreso de Michoacán aprobara, con 32 votos a favor, tres en contra y una abstención, la reforma a los artículos transitorios de la Ley Orgánica que devuelve, por única ocasión, a la Comisión de Rectoría la facultad de designar a la persona que encabezará la universidad durante el periodo 2027-2031, mientras que el nuevo modelo de elección se aplicaría hasta 2031. Por su parte, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla rechazó las acusaciones de injerencia y aseguró que su administración ha respetado las decisiones universitarias y garantizado el presupuesto de la institución, al tiempo que llamó a mantener la normalidad en las actividades académicas.
