América Juárez Navarro
Morelia, Michoacán, 12 de noviembre de 2026.— Pese a haber obtenido una resolución de amparo favorable contra suspensiones anteriores, la jueza de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zinapécuaro, Karla Cecilia Coello Contreras, permanece separada de sus funciones por un nuevo procedimiento administrativo, cuya legalidad cuestiona al señalar presuntas irregularidades en su tramitación y posibles intereses políticos detrás de las acusaciones en su contra.
La juzgadora enfrenta señalamientos por supuestamente solicitar 250 mil pesos para favorecer a una de las partes en un juicio familiar, acusación que rechazó. Explicó que la investigación comenzó con la queja de una de las partes involucradas en el expediente, a la que se sumaron la secretaria de Acuerdos Eréndira Sánchez Arbizu y los escribientes Fortino García Roque y Carmen García Reyes. Según su versión, las imputaciones derivaron de comentarios atribuidos a una abogada litigante, quien habría señalado que la jueza, su esposo y otro abogado solicitaron el dinero para beneficiar al demandado. Sin embargo, aseguró que el asunto concluyó mediante un convenio suscrito por ambas partes y sus representantes legales.
Coello Contreras precisó que su primera suspensión ocurrió el 1 de junio de 2026 y, después de una ampliación de la investigación, regresó a sus funciones en agosto. No obstante, el 2 de septiembre fue notificada de un informe de presunta responsabilidad administrativa que dio lugar a otra suspensión, vigente hasta la resolución del procedimiento. Indicó que promovió dos juicios de amparo por las primeras medidas y obtuvo una resolución favorable que cuestionó la manera en que fueron decretadas y ordenó restituirle las percepciones no recibidas. Actualmente tramita el amparo 1246/2026 contra su nueva separación y la admisión del informe de presunta responsabilidad.
“Hay pruebas suficientes para acreditar que yo no incurría en ninguna falta administrativa”, afirmó la jueza, quien cuestionó la actuación del magistrado José Alfredo Flores al admitir el informe sin la participación de las tres magistraturas que, de acuerdo con su interpretación legal, debían intervenir. Añadió que anteriormente había denunciado posibles falsificaciones de firmas y omisiones de etapas procesales dentro del juzgado, situaciones que, aseguró, no fueron investigadas debidamente.
Para Coello Contreras, las actuaciones del Tribunal de Disciplina Judicial no obedecen únicamente a cuestiones administrativas. “Atrás de todo esto, hay un tema político, un tema político muy fuerte, es un tema de grupos políticos”, expresó. Sostuvo que mantenerla fuera del cargo sin una determinación definitiva sobre su responsabilidad vulnera su presunción de inocencia y afecta tanto sus derechos laborales como su reputación profesional.
