Morelia, Mich., miércoles 18 de noviembre 2026 .- Con la finalidad de garantizar reglas más claras para quienes actualmente viven en una casa rentada, el diputado del Grupo Parlamentario del PRD, Octavio Ocampo, propuso reformas a la Ley Inquilinaria, el Código Civil, el Código de Desarrollo Urbano y la Ley de Turismo, todas del estado de Michoacán.
Al respecto, el legislador local reconoció que esta propuesta tiene el objetivo de garantizar al ciudadano, el cumplimiento del derecho constitucional a una vivienda digna, respetando los derechos de propiedad de los arrendadores, y evitando que los incrementos anuales, superen los porcentajes de inflación.
“Pensemos en una familia que lleva diez o quince años rentando una casa. Ha pagado puntualmente, ha cuidado el inmueble y ha construido su vida en esa colonia. Ahí estudian sus hijos, cerca está su trabajo y ahí se encuentran sus vecinos y sus relaciones familiares. Pero un día, esa familia se enfrenta a un incremento considerable de la renta o a la posibilidad de tener que abandonar su vivienda. Y entonces surge una pregunta: ¿qué protección debe ofrecer la ley a una familia que ha cumplido con sus obligaciones, sin afectar los derechos legítimos del propietario?”, argumentó.
Adicional a ello, Octavio Ocampo expuso que esta iniciativa busca garantizar la estabilidad de los hogares en renta, regular los aumentos en los alquileres e impedir contratos cortos que evadan la protección que la ley otorga a quienes rentan una casa, brindando certeza a las personas sobre la permanencia en su vivienda habitual.
Otra de las propuestas, añade un capítulo al Código de Desarrollo Urbano para identificar zonas donde la vivienda se esté encareciendo rápidamente y esto genere desplazamiento a los residentes, una figura que permitirá coordinar las políticas públicas junto con la Ley de Turismo, pero no cambia el uso de suelo ni invade facultades propias de los ayuntamientos.
Finalmente, Octavio Ocampo consignó que con esta iniciativa, se busca equilibrar el derecho de propiedad con el derecho a una vivienda adecuada, protegiendo así el bienestar y la estabilidad de los hogares y las familias michoacanas, y promoviendo además un desarrollo urbano justo y sostenible para todas y todos los michoacanos.