América Juárez Navarro
Morelia, Mich.– Pobladores y defensores del medio ambiente de comunidades rurales de Villa Madero y la región de Tzitzio denunciaron una escalada de violencia atribuida a la delincuencia organizada, que incluye amenazas directas, homicidios, desplazamiento forzado y devastación de los recursos naturales, en un contexto que, aseguran, ha sido marcado por la omisión y falta de respuesta efectiva de las autoridades estatales.
Francisco Gómez Cortés, ambientalista originario de una comunidad de Villa Madero, expuso que ha sido objeto de amenazas de muerte por continuar con actividades productivas legales en una propiedad familiar y por su participación en la defensa del bosque. Relató que personas vinculadas a grupos criminales le prohibieron ingresar a su propio predio, pese a que de esa labor depende el sustento de su familia.
“Me dijeron claramente que no podía volver a entrar a las tierras de mi familia. Aun así fui a juntar resina, porque de eso vivimos. Yo ya sentía que algo podía pasar y, cuando salí, había personas esperándome. Me advirtieron que donde me encontraran me iban a matar. Si algo me pasa a mí, a mi familia o a los comités ambientales, quiero que el gobierno sepa que las amenazas son reales, directas y con responsables. Aquí el único ‘delito’ es cuidar el bosque y el agua, que son de todos”, señaló.
El defensor ambiental agregó que la intimidación se ha extendido a otros integrantes de la región, incluso por el simple uso de radios de comunicación comunitarios, lo que ha incrementado el riesgo para quienes intentan organizarse y alertarse ante situaciones de peligro.
En otro testimonio, Camilo Reséndiz Reséndiz, habitante de la comunidad conocida como Las Galleras, en la franja limítrofe entre Tzitzio y Villa Madero, denunció el asesinato de su hijo y su nuera en octubre pasado, hechos que, afirmó, forman parte de una violencia sistemática que ha obligado a numerosas familias a abandonar sus hogares.
“El 7 y 8 de octubre asesinaron a mi hijo y a mi nuera. Los mataron y los quemaron; solo quedaron restos. Yo vengo a pedir que se investigue y que no se deje esto en el olvido. En esa zona hay muchas personas asesinadas y la mayoría no denuncia por miedo. La gente ha sido desplazada, los montes están siendo destruidos, hay laboratorios y a quien no se somete lo matan o lo obligan a irse”, relató.
Ambos casos reflejan, según los denunciantes, una crisis simultánea de seguridad, derechos humanos y medio ambiente, derivada del control territorial que ejercen grupos criminales, la tala clandestina y la presunta operación de laboratorios ilegales, frente a comunidades que aseguran no contar con condiciones mínimas para vivir, trabajar o denunciar sin poner en riesgo su vida.
Finalmente, las víctimas y defensores hicieron un llamado urgente a las autoridades estatales y a la fiscalía correspondiente para que se investiguen los hechos, se garantice protección a quienes han sido amenazados y se atienda una situación de violencia e impunidad que, advirtieron, lleva años afectando a esta región de Michoacán.
