América Juárez Navarro
Morelia, Michoacán.– El Congreso de Michoacán discutirá un dictamen para reconocer como delito el desplazamiento forzado provocado por la delincuencia y el crimen organizado, informó la diputada de Morena por Apatzingán, Sandra Olimpia Garibay.
La legisladora explicó que actualmente el desplazamiento forzado estaba previsto en casos relacionados con desastres naturales, pero no como consecuencia directa de hechos vinculados a grupos criminales, pese a que en distintas regiones del estado hay familias que han tenido que abandonar sus comunidades por la violencia.
“Gracias a los diputados de la Comisión de Justicia mañana se aprueba un dictamen donde marcan el desplazamiento forzado por causas de la delincuencia o del crimen organizado como delito”, señaló.
Garibay precisó que el dictamen forma parte de varias iniciativas que serán presentadas en conjunto ante el Pleno del Congreso del Estado, entre ellas una propuesta impulsada por ella.
De acuerdo con la diputada, la reforma permitiría que la Fiscalía General del Estado reconozca formalmente estos casos y esté obligada a darles seguimiento, lo que representaría un avance para visibilizar jurídicamente a las víctimas del desplazamiento forzado por violencia criminal.
“Mañana entra este dictamen, vienen varias iniciativas en conjunto y ahí se viene ese dictamen también, propuesto por tu servidora, se hace un delito más”, afirmó.
La legisladora sostuvo que reconocer esta conducta como delito también abre la discusión sobre la necesidad de revisar mecanismos de atención, acompañamiento y presupuesto para las personas que han tenido que salir de sus comunidades.
Garibay señaló que en zonas como Apatzingán hay familias que han sido obligadas a modificar su vida cotidiana por la violencia. Algunas, dijo, regresan durante el día a revisar cultivos o cosechas, pero se retiran antes de que anochezca por temor a nuevos hechos de inseguridad.
La diputada indicó que hay personas que se resisten a abandonar sus comunidades por el arraigo a sus tierras, mientras que otras no pueden volver por las condiciones de riesgo en sus viviendas o localidades.
Con este dictamen, el Congreso busca incorporar una figura jurídica específica para atender los casos de desplazamiento forzado derivados de la delincuencia y del crimen organizado en Michoacán.
