América Juárez Navarro
Morelia, Michoacán.– La comunidad otomí de San Matías el Grande, acompañada por el Consejo Supremo Indígena de Michoacán, presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de la Comisión Federal de Electricidad, por la presunta contaminación generada por la geotermoeléctrica Los Azufres en comunidades del oriente michoacano.
Pavel Luliano Guzmán, vocero del Consejo Supremo Indígena de Michoacán, señaló que la queja fue promovida por la posible violación al derecho humano a un medio ambiente sano, reconocido en el artículo cuarto constitucional y en tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano.
De acuerdo con el representante indígena, informes de la propia CFE entregados a la Profepa refieren que la geotermoeléctrica cuenta con 33 presas de enfriamiento, de las cuales 12 no tienen ningún tipo de recubrimiento, lo que representa el 36.3 por ciento de estos espacios.
“En 44 años que lleva operando la geotermoeléctrica, la CFE no ha sido capaz de recubrir adecuadamente sus estanques que mantienen fluidos altamente tóxicos y se encuentran expuestos a la intemperie”, afirmó.
Como parte de la queja, las comunidades integraron el informe técnico final Enfermedad renal crónica en la región oriente de Michoacán y su relación con las condiciones naturales, impacto ambiental y psicosocial, elaborado por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el Colegio Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías y el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de Michoacán.
Según el Consejo Supremo Indígena, dicho estudio advierte toxicidad de entre 35 y 50 por ciento en manantiales de Ciudad Hidalgo y Zitácuaro por presencia de metales pesados, además de alteraciones detectadas en niñas y niños de San Matías el Grande.
Alejandra Martínez García, consejera de Salud de la comunidad, explicó que decidieron acudir nuevamente a Derechos Humanos ante la falta de resultados en las mesas de trabajo con autoridades estatales y federales.
“Son mesas de trabajo donde solo son compromisos que quedan inconclusos”, expresó.
La representante comunitaria indicó que en un primer muestreo realizado a 61 alumnos, cerca de la mitad presentó alguna alteración que requiere estudios posteriores para descartar un posible inicio de enfermedad renal. También informó que recientemente se practicó un nuevo estudio a 150 alumnos de la telesecundaria de San Matías, cuyos resultados aún esperan recibir.
“Ya les hemos demostrado con documentos que todo lo que les decimos no son solo palabras. Tenemos evidencia de todo lo que la geotérmica está haciendo con nuestras comunidades”, sostuvo.
Roque Martínez Hernández, representante de la comunidad, aclaró que no solicitan el cierre ni el retiro de la planta, sino una revisión a fondo sobre el cumplimiento de normas ambientales, así como la reparación del daño a comunidades afectadas y a familias de personas enfermas.
“No pedimos que se mueva la planta ni que se quite nada, pero sí que se revise de acuerdo a las normas de calidad de medio ambiente. También pedimos la reparación del daño a nuestras comunidades del oriente”, señaló.
Las comunidades también solicitaron que la CNDH dé trámite a dos quejas remitidas previamente por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, relacionadas con la misma problemática. Entre las localidades afectadas mencionaron San Matías el Grande, San Pedro, San Lucas, San Bartolo, Jeráhuaro, San Isidro Alta Huerta y otras comunidades del oriente de Michoacán.
“Nuestra lucha es por la salud, la vida y el medio ambiente”, concluyeron.
