América Juárez Navarro
Morelia, Michoacán.– El Congreso de Michoacán aprobó un dictamen de reformas al Código Penal del Estado, elaborado a partir de más de 80 iniciativas acumuladas en la Comisión de Justicia, con cambios en materia de legítima defensa, protección a víctimas, desplazamiento forzado, sumisión química, acecho, cohabitación forzada, delitos patrimoniales y vigilancia indebida de cuerpos de seguridad.
El dictamen incluye la presunción de legítima defensa cuando una mujer, o una tercera persona que actúe en su defensa, cause lesiones o prive de la vida a quien intente cometer o cometa violencia física, sexual o feminicida en su contra.
También incorpora el delito de desplazamiento forzado interno; la sumisión química, para castigar el uso de sustancias que disminuyan o anulen la voluntad de una víctima; y el acecho, entendido como conductas reiteradas de vigilancia, seguimiento o contacto no consentido que generen temor, angustia o alteración en la vida cotidiana.
En materia de seguridad, se aprobó sancionar la vigilancia indebida de actividades de cuerpos de seguridad, conocida como “halconeo”, cuando tenga como finalidad alertar a personas o grupos vinculados con hechos delictivos. El dictamen aclara que no se considerarán delito las actividades periodísticas, académicas, de denuncia ciudadana, defensa jurídica o de personas defensoras de derechos humanos.
Durante la discusión, el diputado de Morena, Juan Carlos Barragán Vélez, votó en contra del dictamen al considerar que se dejaron fuera herramientas necesarias para proteger a víctimas, particularmente en casos de violencia en el noviazgo y violencia familiar.
“No podemos decir que estamos del lado de las víctimas y al mismo tiempo le cerramos la puerta a herramientas legales para protegerlas”, sostuvo desde tribuna.
Barragán advirtió que omitir la violencia en el noviazgo significa darle la espalda a mujeres jóvenes que viven control, amenazas y agresiones antes de llegar al matrimonio o a la unión familiar.
También cuestionó que no se avanzara para que la violencia familiar sea investigada de oficio, al señalar que muchas víctimas no denuncian por miedo, dependencia económica o presión de su agresor.
“No podemos esperar a que una víctima reúna el valor para denunciar cuando muchas veces el miedo, las amenazas o la violencia misma se lo impiden. El Estado tiene la obligación de actuar para proteger la vida y la integridad de las personas”, expresó.
Por separado, David Martínez Gowman, integrante de la Comisión de Justicia, explicó que el dictamen agrupó iniciativas relacionadas entre sí para evitar duplicidades, contradicciones o posibles inconstitucionalidades. Precisó que aún queda un segundo paquete de aproximadamente 40 iniciativas pendientes, de las cuales alrededor de 18 deberán trabajarse en comisiones unidas.
