América Juárez Navarro
Morelia, Mich.- Mientras el Gobierno federal rechaza que en México exista una práctica sistemática de desaparición forzada, familiares de víctimas y colectivos de derechos humanos respondieron este miércoles con cifras, casos y reclamos directos: en el país hay 132 mil 931 personas desaparecidas, en Michoacán suman más de 20 casos de indígenas desaparecidos, más de 50 asesinados por defender su territorio y, en el caso de la familia Guzmán Cruz, han pasado 52 años sin verdad ni justicia.
En rueda de prensa, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán, el Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México (COFADEM), Alzando Voces e integrantes de la familia Guzmán Cruz sostuvieron que la desaparición forzada en México no es un hecho aislado ni un debate entre sexenios, sino una crisis de derechos humanos que sigue vigente y que el Estado no ha querido reconocer ni resolver.
Al fijar el posicionamiento conjunto, Pavel Uliánov Guzmán Macario, vocero del Consejo Supremo Indígena de Michoacán, advirtió que la narrativa oficial no corresponde con la realidad que enfrentan miles de familias en el país. “En México, a pesar del discurso oficial, persiste una grave crisis de derechos humanos y de desaparición forzada, cometida por agentes de Estado o por personas que actúan con la autorización o el apoyo de servidores públicos, federales, estatales o municipales. Esto desde la segunda mitad del siglo pasado hasta el día de hoy”, señaló.
En el mismo pronunciamiento, las organizaciones recordaron que esta situación ha sido documentada por organismos internacionales y subrayaron que la crisis no ha sido resuelta por administraciones emanadas de distintos partidos políticos. «En nuestro país, gobiernos de tres partidos políticos distintos no han podido resolver la grave crisis humanitaria que padecen día a día los familiares de los más de 132 mil 931 personas desaparecidas, quienes viven una interminable sucesión de adversidades y suplicios: la incertidumbre, la esperanza y la angustia sin fin; la indiferencia institucional, la revictimización y la impunidad general”, expuso Guzmán Macario.
Uno de los casos puestos al centro fue el de la familia Guzmán Cruz, integrada por cinco personas desaparecidas entre 1974 y 1976 en la comunidad indígena de Tarejero, municipio de Zacapu: José de Jesús Guzmán Jiménez, Armando, Amafer, Solón y Venustiano Guzmán Cruz. De acuerdo con sus familiares, fueron detenidos por el Estado mexicano y, a más de medio siglo, el caso sigue sin una resolución definitiva.
Abdayán Guzmán Cruz, hijo y hermano de las víctimas, cuestionó que desde el poder se intente reducir el problema a una discusión política o estadística, cuando lo que existe, sostuvo, es una responsabilidad histórica del Estado mexicano. «Debemos exigirle al gobierno mexicano, exigirle a la Presidencia, exigirle a la presidenta doctora Claudia, que para qué quería ser presidenta si no resuelve el problema. Andrés Manuel reconoció que hay crisis de desaparición forzada, reconoció y dijo que iba a resolver el problema; no lo hizo. Llegó la presidenta y ahora en este debate sobre la controversia de si hay o no hay desaparición forzada, inicialmente dijo que no. Esto no es un problema de estadísticas ni de sexenios, es un problema de crimen de Estado”, afirmó.
Durante la conferencia, los familiares denunciaron que el expediente del caso se encuentra ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero que el Estado mexicano ha seguido aplazando el proceso. Incluso precisaron que recientemente solicitó una tercera prórroga de tres meses, gestionada en febrero y que vencería en mayo, pese a que ya existiría un borrador de informe de fondo.
Sobre ello, Abdayán Guzmán Cruz acusó que la estrategia oficial ha sido retrasar el avance del caso en lugar de esclarecerlo. “El Estado mexicano nunca hasta este día ha controvertido los hechos; quiere decir que no niega que lo hizo, pero tampoco afirma que lo hizo, y nos dice que nosotros debemos esperar otros días más, otros meses más, otros años más, porque están investigando, porque están buscando. Pero no hay resultados. ¿Y por qué no hay resultados? Porque fue el Estado que lo hizo y no puede decir ‘yo lo hice’”, reclamó.
En el mismo tono, exigió que se dejen de postergar las resoluciones internacionales y que se abran completamente los archivos militares para conocer el destino de las víctimas. “Nuestra exigencia es muy clara: primero decir que sí hay desaparición forzada y, segundo, que la Comisión Interamericana ya no le dé más prórrogas al Estado y que ya mande el caso. Y también que se abran los archivos que tiene el Ejército mexicano, porque ahí hay tela de dónde cortar para buscar a mis hermanos”, sostuvo.
En su intervención, Graciela Guzmán Cruz, hermana de las víctimas, recordó que la búsqueda y la exigencia de justicia no han cesado en más de cinco décadas. «A más de 52 años de que se los llevaron seguimos buscándolos, seguimos pidiendo verdad, seguimos pidiendo justicia y seguimos pidiendo memoria. No podemos olvidarlos porque de alguna forma estamos unidos a ellos, porque de alguna forma seguimos siendo su pensamiento, estamos hablando por ellos y estamos exigiendo justicia”, expresó.
Desde COFADEM, Cristina Herandeni Paredes Lachino afirmó que lo dicho por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU no hace más que confirmar una práctica que se ha mantenido durante décadas en México y que continúa sostenida por la impunidad y la colusión institucional. “La decisión del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas no hace más que confirmar una práctica que lleva décadas en nuestro país. No es un problema nuevo ni aislado; es una práctica que viene desde el pasado y continúa en el presente, sostenida por la impunidad y la colusión”, señaló.
También sostuvo que los avances normativos e institucionales en la materia no han surgido por voluntad de los gobiernos, sino por la lucha de las propias familias y de organizaciones de derechos humanos. “Los esfuerzos han sido insuficientes, pero yo digo desde COFADEM que no son un esfuerzo del gobierno, porque nunca ha habido voluntad política; el esfuerzo ha sido y los avances han sido de las familias, quienes han tenido que salir a buscar, a exigir justicia, a impulsar la ley general contra la desaparición forzada y la ley general de atención a víctimas”, dijo.
Además del caso Guzmán Cruz, en la rueda de prensa se expuso que en pueblos originarios de Michoacán tienen identificados más de 20 casos de desaparición relacionados con la defensa de bosques, territorio, derechos colectivos y procesos de autonomía. Entre las comunidades mencionadas estuvieron Tarejero, Ostula, Cherán, Santa Fe de la Laguna y la Cañada de los Once Pueblos.
A ello sumaron más de 50 asesinatos de integrantes de pueblos originarios en ese mismo contexto, así como al menos 20 personas amenazadas de muerte, varias de las cuales presentaron denuncias ante la Fiscalía General del Estado sin que, acusaron, existan resultados concretos.
Al respecto, Pavel Uliánov Guzmán Macario sostuvo que las investigaciones no avanzan porque existe una política institucional de desgaste y omisión. “Se presentan las denuncias, pero no tienen resultados, han quedado congeladas. El Estado no va a resolver. Mientras esto no suceda, se la va a llevar pachangueándosela. Es el Estado el que debe andar buscando, es el Estado el que debe dar solución, porque ellos están cobrando por desempeñar una función y parte de esa función es buscar a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestros tíos, a nuestros camaradas”, manifestó.
Finalmente, los colectivos exigieron a la CIDH que ya no conceda más prórrogas al Estado mexicano en el caso Guzmán Cruz, emita el informe de fondo y remita el asunto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al sostener que la desaparición forzada no puede seguir enfrentándose desde la negación oficial.
