América Juárez Navarro
Morelia, Michoacán, 29 de abril de 2026.– La Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios Nicolaitas, la Unidad de Atención Integral de la Violencia de Género y la Coordinación General para la Igualdad de Género, Inclusión y Cultura de Paz reprobaron de manera categórica el desalojo de estudiantes ocurrido en instalaciones de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
De acuerdo con el posicionamiento emitido por las instancias universitarias, los hechos se registraron este 29 de abril, cuando trabajadores presuntamente afiliados al SUEUM materializaron la ejecución de una resolución judicial vinculada con sus derechos laborales, instando a la comunidad estudiantil de nivel medio superior y superior a desalojar las instalaciones universitarias.
Las áreas firmantes reconocieron que los procesos de negociación laboral corresponden a instancias internas especializadas de la UMSNH; sin embargo, subrayaron que su pronunciamiento se centra en las implicaciones que el hecho tuvo en materia de derechos humanos para la población estudiantil, especialmente para adolescentes que se encontraban ejerciendo su derecho a la educación presencial al momento del desalojo.
“El desalojo de estudiantes, particularmente cuando se trata de población adolescente, debe realizarse bajo los principios incluidos en protocolos de actuación con perspectiva de infancia y adolescencia que garanticen su integridad física y emocional, evitando cualquier forma de intimidación o vulneración de sus derechos”, señalaron.
En el documento, las instancias universitarias advirtieron que el procedimiento genera preocupación al no haberse realizado de forma bipartita y coordinada entre autoridades universitarias y judiciales, sino unilateralmente por presuntos sindicalistas agremiados, por lo que consideraron necesaria una revisión puntual.
También acusaron que la acción fue riesgosa y posiblemente violatoria de derechos humanos, al no considerar protocolos basados en el respeto a los derechos de niñas, niños y adolescentes. Afirmaron que “ningún conflicto laboral o sindical puede justificar medidas que pongan en riesgo la seguridad física y emocional de la comunidad estudiantil”.
Las áreas universitarias llamaron a garantizar que cualquier medida implementada priorice la protección integral de niñas, niños y adolescentes; documentar y fortalecer los protocolos institucionales para el resguardo y retiro de población estudiantil; asegurar la continuidad de los procesos educativos y mantener canales accesibles de atención, orientación y acompañamiento para quienes pudieran verse afectados.
Finalmente, informaron que cualquier persona de la comunidad universitaria que considere haber sido afectada en sus derechos humanos podrá acudir a estas instancias mediante correo electrónico, donde se brindará atención, orientación y, en su caso, acompañamiento institucional correspondiente.
