América Juárez Navarro
Morelia, Michoacán.– Las recientes movilizaciones encabezadas por jóvenes de la generación Z y diversos colectivos ciudadanos generaron posturas encontradas entre los dirigentes estatales de Movimiento Ciudadano, Partido Verde Ecologista de México y PRI, quienes coincidieron en la necesidad de respetar la protesta social, evitar su manipulación política y atender el deterioro de la seguridad en el país.
El dirigente de Movimiento Ciudadano, Víctor Manuel Manríquez González, afirmó que las manifestaciones han sido desvirtuadas debido a la presencia de actores políticos ligados a partidos tradicionales, lo que —advirtió— ha sido aprovechado por el Gobierno Federal para restar legitimidad a los reclamos ciudadanos. “No se puede negar que hubo participación de partidos políticos, y eso mancha un llamado genuino de los jóvenes. La oposición se está equivocando, y el partido en el poder utiliza esto para desviar un movimiento que nació de manera auténtica”, expresó.
Manríquez sostuvo que MC ha optado por mantener prudencia ante estas movilizaciones y refrendó su llamado a la unidad nacional para atender los problemas más graves del país, especialmente los relacionados con la seguridad. Lamentó el uso de la fuerza pública contra manifestantes y recordó que él mismo vivió una situación similar cuando, como alcalde de Uruapan, encabezó una protesta de alcaldes que fue contenida con gas lacrimógeno y toletes. Asimismo, criticó que el recién anunciado Plan Michoacán no cuente con recursos adicionales en el presupuesto federal 2026, lo que consideró una señal de que la estrategia no tendrá viabilidad real.
Desde el Partido Verde Ecologista de México, el dirigente Ernesto Núñez Aguilar hizo un llamado a todas las fuerzas políticas a no contaminar las expresiones sociales, al señalar que la mayoría de quienes marcharon lo hicieron por convicción y sin intención partidista. “Las manifestaciones son muy respetables; lo único que pedimos es que los partidos no quieran sacar raja política en un momento tan delicado para el Estado”, indicó.
Núñez lamentó también las agresiones registradas contra periodistas durante las movilizaciones y recordó que la libertad de expresión debe ser garantizada sin excepción. Sobre la participación de figuras públicas como David Cortés o René Valencia, consideró que cualquiera tiene derecho a manifestarse, pero subrayó que, en momentos tensos, la presencia de actores políticos puede generar rechazo o confusión en movimientos que nacen desde la ciudadanía.
Por su parte, el dirigente estatal del PRI, Guillermo Valencia Reyes, acusó al gobierno federal y a la presidenta Claudia Sheinbaum de reprimir la marcha del 15 de noviembre e intentar controlar la narrativa pública al dividir a los manifestantes entre jóvenes apartidistas y personas vinculadas a partidos políticos. Sostuvo que esa estrategia busca desacreditar el descontento social ante la inseguridad.
La secretaria de Innovación Digital del PRI en Michoacán, Verónica Gómez de la Rosa, quien participó en la movilización en la Ciudad de México, denunció que el acceso al Zócalo fue bloqueado con vallas, gas lacrimógeno y gas pimienta, lo que —aseguró— generó intimidación y desmovilización entre los asistentes. Añadió que la deslegitimación comenzó días antes, cuando desde el gobierno federal se puso en duda si los participantes eran jóvenes reales o “bots”.
Valencia también criticó que las marchas afines a Morena reciban apoyo logístico, mientras que las protestas ciudadanas enfrentan obstáculos. En cuanto al clima de inseguridad, afirmó que los hechos violentos registrados en Michoacán muestran el poderío del crimen organizado y la incapacidad del Estado para responder. Acusó al gobierno estatal de intentar responsabilizar al fallecido alcalde de Uruapan, Carlos Manso, por presuntas irregularidades financieras, lo que calificó como una postura “carroñera”.
Respecto al nuevo secretario de Seguridad Pública, el dirigente priista dijo mantener reservas por experiencias previas, aunque aseguró que le otorgará un voto de confianza. Añadió que la crisis generada por el asesinato del presidente municipal de Churumuco cambiará el escenario político en la entidad y llamó a los ciudadanos a mantener la unidad frente a la violencia.
En sus distintas posturas, los tres dirigentes coincidieron en que las movilizaciones recientes reflejan un creciente hartazgo social y que la prioridad debe ser garantizar el derecho a la protesta, evitar el uso de la fuerza pública y reconocer la gravedad de la inseguridad para poder atenderla de forma efectiva.
