América Juárez Navarro
Uruapan, Michoacán.— Entre francotiradores, elementos de la Guardia Nacional, Guardia Civil y escoltas, miles de personas recorrieron las calles de Uruapan para exigir justicia a un año del asesinato de Carlos Manzo Rodríguez. Con consignas de justicia, ni un paso atrás y fuera Morena, el contingente avanzó encabezado por la presidenta municipal, Grecia Quiroz García, y Diana Rodríguez, madre del exalcalde. La Secretaría de Seguridad Pública reportó aproximadamente 2 mil 500 asistentes, mientras que estimaciones realizadas durante la movilización ubicaron la participación en alrededor de 5 mil personas.
Antes del arranque llegaron contingentes de Zacatecas, Querétaro, Guanajuato y Morelos, además de municipios como Parácuaro, Sahuayo, Pátzcuaro, Morelia y Lázaro Cárdenas. Entre ellos estaba Josefina Meza Espinoza, quien viajó desde Querétaro y se identificó como madre de José Osvaldo Meza Espinoza, desaparecido el 21 de septiembre de 2021 en carreteras de Michoacán. “Estamos aquí porque queremos escuchar personas como Carlos Manzo que tenía la valentía de decir las cosas por su nombre”, expresó al explicar que su participación respondía a su experiencia y a la exigencia de justicia para las familias de personas desaparecidas.
Otros asistentes aseguraron que pagaron sus traslados y acudieron por convicción propia. Blanca Vargas, originaria de Lázaro Cárdenas, contó que conoció la convocatoria por redes sociales y manifestó su confianza en el proyecto independiente. Carlos Alberto, procedente de Morelia, consideró que el Movimiento del Sombrero podría influir en las próximas elecciones, aunque sostuvo que lo principal era respaldar la exigencia de paz. A lo largo del recorrido, ciudadanos saludaron a los representantes del movimiento y reiteraron sus demandas de seguridad.
Entrevistado durante la movilización, el diputado local Carlos Bautista Tafolla denunció un presunto encubrimiento en la investigación del homicidio. “Justicia todavía no la tenemos. Justicia, queremos que dejen de encubrir a los políticos”, manifestó. Sin precisar nombres, sostuvo que faltan personas por llamar a declarar y pidió no descartar una posible vertiente política del crimen. También denunció que continúan las extorsiones contra carniceros y tortilleros pese a sus reportes, y cuestionó los resultados del Plan Michoacán ante el desplazamiento de productores de limón, los cierres de empaques y los asesinatos.
Por su parte, el secretario de Obras Públicas y Movilidad de Uruapan, Rafael Constantino Magaña, reiteró la petición de que la Federación asuma la investigación, al señalar que advierte inconsistencias en el proceso. Rechazó haber desatendido citatorios, explicó que acudió a declarar cuando recibió personalmente la notificación y manifestó su disposición a seguir colaborando. A su juicio, trasladar la carpeta al ámbito federal permitiría una investigación más objetiva y con menor carga política; también destacó la presencia de habitantes de Uruapan y visitantes de otros estados en la protesta.
