América Juárez Navarro
Morelia, Mich.— Las extorsiones en Michoacán no solo persisten, sino que han aumentado, particularmente en su modalidad presencial contra pequeños comerciantes, advirtió Carlos Bautista Tafolla, al señalar fallas estructurales en la atención inmediata a las denuncias y una respuesta institucional que, en muchos casos, resulta tardía o ineficaz.
En entrevista, el también legislador reconoció que existe cooperación con instancias de Estados Unidos en materia de inteligencia y tecnología, así como avances en investigaciones relevantes, como el caso de Carlos Manso; sin embargo, subrayó que estos esfuerzos no se reflejan aún en una reducción sostenida de delitos como la extorsión, especialmente en regiones comerciales como Uruapan.
“La percepción —y no solo la mía— es que la violencia ha aumentado y las extorsiones están aumentando. Tú reportas una línea de extorsión y pasa un mes y te siguen extorsionando del mismo número, incluso cuando ya todos los comerciantes lo reportaron. Me refiero a extorsiones presenciales, por ejemplo con carniceros”, afirmó.
Bautista Tafolla cuestionó la eficacia de los mecanismos de respuesta ante las denuncias ciudadanas, al comparar la actuación de las autoridades locales con los protocolos inmediatos que se activan en otros países, como Estados Unidos, donde —dijo— la reacción es prácticamente instantánea.
“Aquí hablas y una de dos: o te llaman para preguntarte por qué los estás acusando o simplemente no pasa nada. En Estados Unidos haces una llamada y en ese momento ya tienes patrullas alrededor. Estas son las cosas que queremos que cambien”, sostuvo.
El legislador reconoció que tras hechos de alto impacto se registró una disminución temporal de algunos delitos, pero advirtió que ese efecto fue pasajero y que, en el caso de las extorsiones, no se ha logrado una contención sostenida, situación que continúa afectando a comerciantes y empresarios.
Asimismo, planteó interrogantes sobre la capacidad del Estado para enfrentar el problema de seguridad en Michoacán, al considerar preocupante que, pese a la intervención federal, no se logre controlar de manera efectiva la criminalidad en la entidad.
En el ámbito económico, señaló que aunque no se ha registrado un éxodo masivo de empresarios por extorsión, sí existe una afectación severa derivada de la caída en los precios del aguacate, principal motor económico del estado, lo que agrava la vulnerabilidad social y económica de amplios sectores.
Finalmente, insistió en que el diagnóstico real sobre la seguridad debe partir de la experiencia ciudadana y no solo del discurso oficial, al considerar que son los comerciantes y habitantes quienes viven cotidianamente las consecuencias de la violencia y la extorsión.
