América Juárez Navarro
Roberto Ramírez Delgado, presidente de la Fundación Ciudadana para el Desarrollo Integral de Michoacán (FUCIDIM), señaló que, si bien el Plan Michoacán contempla 12 ejes de intervención anunciados por la Federación el pasado 4 de noviembre, el principal tema que debe atenderse de manera urgente es el de seguridad y justicia. Afirmó que este rubro es el que la ciudadanía exige resolver de forma definitiva o, al menos, mediante una política pública de largo plazo que garantice mejores resultados.
Ramírez Delgado explicó que, en el análisis realizado por las Mesas Ciudadanas de Seguridad y Justicia, FUCIDIM, el Consejo Coordinador Empresarial y otros organismos, se detectó un rezago crítico en dos áreas fundamentales: la falta de policías municipales y el déficit de Ministerios Públicos y jueces en gran parte del estado.
En materia de procuración de justicia, señaló que al menos 77 de los 113 municipios no cuentan con un Ministerio Público, lo que obliga a que, si se comete un delito en un municipio sin esta figura, la policía tenga que trasladar el caso a otra localidad para integrar la carpeta de investigación. “Todo debería estar en el propio municipio”, expresó, al subrayar que la falta de MPs provoca procesos más lentos y limita la atención inmediata que requieren las víctimas.
La situación es más grave en el Poder Judicial: cerca de 90 municipios no tienen un juez capaz de dar seguimiento a los temas que se presentan, lo que representa, dijo, una de las mayores debilidades estructurales en la administración de justicia.
El presidente de FUCIDIM insistió en que el fortalecimiento de las policías municipales debe ser otro punto prioritario. Consideró que estas corporaciones requieren mayores estados de fuerza, mejores salarios, prestaciones y capacitación. Recordó que, aunque existen instituciones como la Guardia Nacional y la Guardia Civil, son las policías municipales las que tienen contacto directo con la ciudadanía.
Sobre el Fortapaz recurso que proviene del impuesto a la nómina, Ramírez Delgado indicó que varios alcaldes han manifestado no recibirlo, o bien, que su aplicación no siempre responde a las necesidades reales de seguridad de los municipios. Explicó que, a diferencia de modelos como los de Chihuahua o Guanajuato, donde la administración del fondo es mayoritariamente ciudadana, en Michoacán el Estado decide su destino y no todos los municipios lo reciben. Añadió que algunos ayuntamientos cuentan apenas con tres policías, mientras que el recurso estatal se ha destinado a infraestructura deportiva, lo que genera preocupación entre autoridades locales.
Durante un reciente encuentro entre alcaldes y representantes de la Secretaría de Gobernación, varios ediles expresaron temor y nerviosismo por las condiciones de inseguridad, especialmente tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido en un acto público. Aunque no todos externaron abiertamente sus experiencias, Ramírez Delgado señaló que la preocupación es evidente y que existe urgencia de atención.
El representante de FUCIDIM reiteró que la Federación y el Estado deben escuchar las propuestas ciudadanas y estar abiertos a ajustes o modificaciones legislativas que permitan mejorar la política criminal. Aseguró que si bien todas las acciones del Plan Michoacán son bien recibidas, el enfoque debe ser claro: antes que cualquier otro eje, se debe fortalecer la seguridad y la justicia, que fueron precisamente los motivos de la intervención federal tras los asesinatos de Bernardo Bravo y Carlos Manzo.
