América Juárez Navarro
Morelia, Mich.- Durante este proceso electoral, el Instituto Electoral de Michoacán, hasta la fecha reporta que ha recibido 10 solicitudes para que estén bajo el protocolo de seguridad.
De acuerdo con las cifras en este proceso electoral en Michoacán se han presentado cuatro asesinatos, en Jacona fue asesinada Miriam Noemi Ríos quien participaba por Movimiento Ciudadano. Dagoberto García Rivera, aspirante a la alcaldía por Morena, fue asesinado en octubre de 2023; Armando Pérez Luna del PAN y Miguel Ángel Reyes Zavala de Morena, que también formaba parte de la comunidad LGBTQ+, ambos fueron asesinados en febrero.
En Michoacán, el pasado 1 de marzo comenzaron las campañas electorales federales de los partidos políticos y candidaturas que buscarán alguno de los 629 cargos de elección popular que se disputarán el próximo 2 de junio en el marco del Proceso Electoral Federal 2023-2024, de estos 88 candidatos a diputados federales están haciendo campaña en la entidad, de estos, de acuerdo con el vocal ejecutivo del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Michoacán, David Alejandro Delgado Arroyo, hay cinco candidatos federales han solicitado protección.
Por su parte, el presidente del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Ignacio Hurtado Gómez, indicó que ante el organismo electoral han llegado 10 solicitudes de aspirantes a diputaciones locales y ayuntamientos para estar bajo el protocolo de seguridad aprobado hace unas semanas por la Mesa de Seguridad.
De acuerdo con Laboratorio Electoral a nivel nacional son más de 157 agresiones y 51 asesinatos, cuatro son de Michoacán.
De estos, 51 fueron asesinatos de los que 27 eran aspirantes, además de 9 secuestros, 22 atentados y 75 amenazas, mismas que se revelan aumentaron en febrero y marzo.
De igual manera señala que las entidades con mayor cantidad de casos de violencia asociada a las elecciones son Guerrero, Veracruz y Michoacán, en el caso de muestro estado y Guerrero ha habido denuncias por parte de partidos políticos y funcionarios públicos en el sentido de que no hay garantías para participar en procesos electorales locales.
El INE ha recibido 99 solicitudes de protección, de las que ha aprobado 74 y 14 se encuentran en un nivel alto de riesgo. En el 2021, entre Michoacán, Estado de México y Chiapas se concentró el 73.33% de las casillas en las que se suspendió la votación o el escrutinio debido a la violencia.
