Continúa el proceso para determinar la terna para elegir al próximo presidente o presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
En medio de varias polémicas, como los supuestos apadrinados, los que tienen denuncias por violentar derechos de minorías y un amparo por presunta violencia de género; David Romero Robles, uno de los 12 aspirantes se perfila para ser el primero al frente de este organismo descentralizado de origen indígena.
«En lo personal he contribuido en este ejercicio de libre determinación para la consolidación en nuestro estado y en el país acompañando procesos en Chiapas, Guerrero, Jalisco e incluso estados del norte y no se diga en Michoacán con los demás pueblos originarios, adicional de participación en otros procesos de carácter social donde se ha defendido de manera individual y colectiva los derechos humanos, creo que como pueblos originarios hemos ido a la vanguardia en la defensa de los derechos individuales y colectivos, muestra de ello es el nivel de organización que se ha demostrado y que protege no solo los contextos sociales colectivos sino territorios completos» declaró en entrevista el aspirante.
Sobre el recurso interpuesto por su contrincante, Bárbara Ramírez, Romero Robles consideró infundado el argumento ya que la equidad ha estado garantizada desde la convocatoria a este proceso, sin embargo sí han existido irregularidades ahora y en el pasado.
«Yo creo que la estrategia que han utilizado no me parece la correcta porque la convocatoria es abierta, es decir, con condiciones de igualdad de posibilidades y eso espero en cuanto a la evaluación de la comisión para la designación de la terna, sin embargo también considero que existen muchas irregularidades para tener los elementos objetivos de evaluación y que se demuestre quien es el mejor perfil para ocupar dicho espacio, sin embargo, dado el escenario actual creo que es una muestra de los jaloneos políticos internos entre distintas facciones políticas que obviamente están privilegiando su interés para colocar a sus equipos políticos», explicó.
Tanto la Organización de las Naciones Unidas como el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en conjunto con la última reforma del artículo primero constitucional establecen que se tienen que garantizar las condiciones a integrantes de comunidades indígenas para su consideración en este tipo de procesos, que a diferencia de la paridad, sí ha sido un tema descuidado, consideró David Romero.
