Morelia, Michoacán, 13 de agosto de 2026. En un juicio de divorcio, ambas partes denunciaron violencia familiar y solicitaron medidas de separación, así como la guarda y custodia provisional de un niño y un adolescente.
Al analizar las pruebas, la jueza del Juzgado Segundo Familiar de Zamora concluyó que existía violencia mutua entre los cónyuges, así como violencia por acción y por omisión en perjuicio de sus hijos, por lo que, para salvaguardar el bienestar integral de la familia, el juzgado implementó una serie de medidas.
Se ordenó la separación del hogar de ambos cónyuges. Con el apoyo de la familia extendida, se determinó que los abuelos paternos y maternos se encargarían del cuidado de las personas menores de edad de manera escalonada; las partes fueron canalizadas a terapia psicológica, con el objetivo de favorecer la atención de la situación de violencia y la reconstrucción de los vínculos familiares; y se ordenaron visitas domiciliarias a cargo de Trabajo Social, para dar seguimiento y evaluar de manera constante el entorno familiar.
Antes de determinar estas medidas, la jueza escuchó a las personas menores de edad, les explicó sus derechos de manera clara y les hizo saber que las puertas del juzgado siempre estarían abiertas para ellas.
Posteriormente, el adolescente acudió por cuenta propia a las instalaciones del órgano jurisdiccional y solicitó entrevistarse nuevamente con la jueza. Además, en un informe mensual de Trabajo Social se reportó que el niño manifestó a su madre que ella no podía ejercer actos de violencia y que, de hacerlo, se lo comunicaría a la jueza.
Este caso muestra que cuando las medidas judiciales se aplican de manera integral, humana y con perspectiva de infancia, la justicia puede convertirse en una herramienta para que niñas, niños y adolescentes conozcan sus derechos, identifiquen situaciones de violencia y sepan que cuentan con autoridades dispuestas a escucharlos y protegerlos.
