Morelia, Michoacán, 17 de julio de 2026.- El magistrado presidente del Poder Judicial de Michoacán, Hugo Gama Coria, hizo un llamado a impulsar el análisis y el debate sobre los efectos que determinados contratos civiles y mercantiles pueden generar en los derechos de personas en condición de vulnerabilidad, particularmente de menores de edad, personas adultas mayores y personas con discapacidad, al advertir que existen casos en los que créditos con altos intereses terminan por convertirse en deudas impagables que derivan en la pérdida de su patrimonio.
Señaló que este tema requiere una reflexión amplia desde los ámbitos jurisdiccional y legislativo, con el propósito de encontrar un equilibrio entre el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la protección de derechos humanos fundamentales, como la dignidad y el acceso a una vivienda. “Hay temas en materia civil que necesitan entrar al debate y la discusión, como algunos tipos de contratos civiles. No es posible que un crédito de esos pequeños se convierta en impagable y termine en desalojos que afectan derechos de niñas, niños, adultos mayores y personas con discapacidad”, expresó.
Gama Coria consideró que es necesario abrir un diálogo que involucre a los poderes públicos, a la academia y a la sociedad, de manera que los legisladores puedan valorar posibles adecuaciones al marco jurídico y, en su caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenga oportunidad de pronunciarse sobre este tipo de controversias. “Necesitamos enfocar el debate al respecto, necesitamos levantar la voz, para que los legisladores e incluso el propio poder reformador de la Constitución se pronuncien al respecto”, afirmó.
El magistrado presidente destacó que existen precedentes en el derecho internacional donde se ha privilegiado la protección del derecho a la vivienda y la dignidad de personas adultas mayores, por lo que consideró oportuno analizar experiencias comparadas que fortalezcan la tutela de los derechos humanos en México. Asimismo, subrayó que el reto consiste en construir soluciones jurídicas que otorguen certeza a las relaciones contractuales sin dejar de proteger a quienes enfrentan condiciones de vulnerabilidad.
Finalmente, reiteró que la función jurisdiccional debe responder a la evolución de la sociedad y a los nuevos desafíos que plantea la realidad. “Las personas juzgadoras estamos llamadas a interpretar el derecho cada vez con una visión más humana, cercana y sensible; la sociedad cambia, surgen nuevos conflictos y nuevos derechos que requieren respuestas oportunas y de calidad”, concluyó.
