América Juárez Navarro
Morelia, Michoacán.— El presupuesto del Congreso para el próximo año requiere de un procesamiento político para ser aprobado, pese a que el plazo venció en septiembre y el dictamen ya fue elaborado y turnado a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), señaló Hugo Rangel Vargas, integrante del Comité de Administración y Control. El diputado afirmó que el ajuste presupuestal del denominado Plan B no se aplicará a la actual legislatura y que la propuesta contempla previsiones para su entrada en vigor en la siguiente.
Rangel sostuvo que el Comité concluyó la elaboración de la propuesta y que ahora corresponde a la Jucopo continuar el trámite. “Nosotros como Comité de Administración cumplimos con nuestro tramo de responsabilidad que nos marca la ley en el sentido de diseñar el presupuesto del Congreso para el año próximo y lo turnamos a la Junta de Coordinación Política, que es el siguiente paso. No sabemos hoy por hoy en qué situación se encuentra el interior de la Jucopo, pero vamos a esperar a ver qué resuelve”.
Sobre el retraso, reconoció que el presupuesto ya debió aprobarse en septiembre. Explicó que la propuesta considera un crecimiento conforme a la inflación y recursos adicionales para pagar laudos, con la intención de evitar que la próxima legislatura reciba compromisos laborales que limiten el ejercicio de un presupuesto menor.
Respecto de la aplicación del Plan B, el legislador sostuvo que la reforma obliga a la actual legislatura a preparar el ajuste para la siguiente. “La reforma es muy clara en el quinto transitorio, viene en ese sentido. Es decir, el quinto transitorio nos obliga como legislatura actual a tomar previsiones, así lo dice el quinto transitorio, previsiones para que el recorte presupuestal o el ajuste presupuestal empiece a surtir efecto en la siguiente legislatura y tal cual estamos cumpliendo con ese quinto transitorio”.
Aunque dijo no tener los montos precisos de la propuesta ni el número de laudos, calculó que un fondo equivalente al uno por ciento de mil 200 millones de pesos representaría alrededor de 12 millones. Señaló que esa estimación fue planteada por el área jurídica con base en los asuntos que prevé que se resuelvan en los próximos meses, y añadió que el dictamen contempla el recorte correspondiente a los tres meses de la siguiente legislatura.
