América Juárez Navarro
Morelia, Michoacán.— El dirigente estatal del PRI, Guillermo Valencia Reyes, adelantó que su partido no reconocerá a los nuevos integrantes del órgano electoral, al considerar que su designación responde a intereses del oficialismo y pone en riesgo la legitimidad del proceso electoral de 2027.
El priista sostuvo que la elección podría iniciar bajo condiciones de falta de imparcialidad y con una orientación previa para favorecer a las candidaturas del partido gobernante. “Yo no reconozco al órgano electoral; quienes lleguen no tendrán el reconocimiento del PRI, porque eso está mal, es una violación a la democracia y es el principio de una dictadura”, declaró.
Pese a su postura, Valencia Reyes aclaró que el PRI mantendrá a su representación dentro de las sesiones y mesas del órgano electoral para expresar inconformidades y fijar posicionamientos durante el proceso. “No nos vamos a levantar de la mesa; vamos a permanecer, pero señalando claramente a un árbitro que está vendido. En términos de fútbol, es un árbitro que ya tomó partido por un equipo”, puntualizó.
A las acusaciones de falta de legitimidad se suman advertencias sobre la operación interna del Instituto Electoral de Michoacán. Humberto Urquiza Martínez, académico y exconsejero del IEM, señaló que la ausencia temporal del Consejo General ya mantiene detenidas decisiones relacionadas con comunidades indígenas que buscan acceder al presupuesto directo.
“Hay comunidades que quieren acceder al presupuesto directo, pero no lo pueden hacer porque no hay ahorita un Consejo, porque el Consejo es quien determina el arranque o no de un proceso de consulta; entonces, ya ahorita hay una afectación directa”, expuso.
Urquiza Martínez advirtió que los nuevos integrantes tendrán poco tiempo para integrar comisiones, revisar expedientes y aprobar temas como paridad, acciones afirmativas, calendario electoral y asuntos administrativos antes del arranque formal del proceso. “El problema son los tiempos y la perspectiva política”, señaló.
En materia presupuestal, el diputado local de Movimiento Ciudadano, Antonio Carreño Sosa, advirtió que la falta de una definición sobre los 78 millones de pesos adicionales solicitados por el IEM podría generar retrasos, mayores costos y complicaciones en la operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares.
“Sin ese dinero no se pueden dar los anticipos ni al PREP, ni a los materiales electorales, ni a las boletas”, afirmó. Añadió que aplazar las contrataciones reduciría las opciones de proveedores especializados y encarecería la organización de la elección.
Carreño Sosa sostuvo que la falta de recursos no representa únicamente un problema financiero, sino también logístico y operativo. “El no destinarle el presupuesto genera problemas logísticos, genera problemas presupuestales porque va a salir más caro, y problemas en el mismo diseño del PREP”, concluyó.
