América Juárez Navarro
Morelia, Michoacán.– La recuperación de recursos públicos por parte de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Michoacán aún se mantiene muy por debajo del daño patrimonial detectado dentro de las investigaciones que tiene en curso la institución.
Al presentar su Primer Informe de Resultados y Avances 2025-2026, la fiscal especializada, Marisol Sánchez Zamudio, informó que la cuantificación preliminar del daño patrimonial asciende a aproximadamente 499 millones de pesos, mientras que el monto efectivamente recuperado alcanza 2 millones 669 mil pesos.
De acuerdo con las cifras expuestas, la recuperación se ha logrado a través de mecanismos alternativos y resoluciones judiciales; sin embargo, todavía restarían por recuperar alrededor de 496 millones 331 mil pesos del daño estimado al erario.
Sánchez Zamudio destacó que, antes de su llegada, la Fiscalía había recuperado poco más de 920 mil pesos, por lo que consideró que existe un avance en la materia. Además, informó que se brindó atención a más de tres mil personas, entre denunciantes, víctimas, ciudadanos que solicitaron orientación jurídica y personas entrevistadas durante actos de investigación.
No obstante, la judicialización de asuntos aún representa una parte reducida frente al universo de atenciones reportadas. La Fiscalía informó que cuenta con 24 carpetas judicializadas, en las que se formuló imputación contra 49 personas, 36 hombres y 13 mujeres. Durante el informe también se refirió la existencia de 131 carpetas de investigación.
Al fijar postura, la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Giulianna Bugarini Torres, sostuvo que la rendición de cuentas no debe asumirse como un acto de cortesía, sino como una obligación constitucional y una condición indispensable para la vida democrática.
“La corrupción no es un problema administrativo ni es un fenómeno aislado; constituye una violación a los principios de legalidad, a la buena administración pública y al derecho que tiene la ciudadanía de contar con instituciones honestas y eficaces”, señaló.
La legisladora advirtió que cada acto de corrupción implica recursos que dejan de destinarse a escuelas, hospitales, carreteras, programas sociales y apoyos para la población, por lo que señaló que una fiscalía especializada debe evaluarse no sólo por el número de carpetas iniciadas, sino por la solidez de sus investigaciones, procesos, resoluciones y la recuperación de la confianza ciudadana.
Bugarini Torres adelantó que desde el Congreso se revisará con objetividad el informe, el cumplimiento de metas, el uso de los recursos públicos y, de ser necesario, el marco jurídico para fortalecer las herramientas institucionales contra la corrupción.
“Sólo así el combate a la corrupción deja de ser un discurso para convertirse realmente en una política permanente”, subrayó.
