América Juárez Navarro
Morelia, Michoacán.— Tres años después de que una primera Ley de Búsqueda de Personas fuera aprobada por el Congreso de Michoacán sin llegar a publicarse por el Gobierno del Estado, la 76 Legislatura volvió a avalar una legislación en la materia, ahora con el respaldo unánime de 27 diputados. La nueva aprobación coloca nuevamente en manos del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla la publicación del decreto, indispensable para que la norma entre en vigor y se establezcan mecanismos legales de búsqueda y localización de personas desaparecidas.
Fue el 11 de octubre de 2023 cuando la 75 Legislatura aprobó por unanimidad el Decreto Legislativo 459, mediante el cual se expedía la Ley de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán. Sin embargo, el 9 de noviembre de ese año, el Ejecutivo estatal devolvió el documento con observaciones y la norma no fue publicada en el Periódico Oficial. Ahora, una nueva Legislatura vuelve a dar su aval a una legislación destinada a atender una de las problemáticas que enfrentan las familias michoacanas.
El nuevo ordenamiento establece mecanismos de búsqueda inmediata, sin necesidad de esperar plazos ni presentar una denuncia formal, además de contemplar un Sistema Estatal de Búsqueda que coordine a las autoridades estatales, municipales y comunales. También incorpora una Alerta Estatal de Búsqueda, registros de personas desaparecidas, herramientas de identificación forense y la participación de los colectivos y familiares en las acciones de localización.
La discusión del dictamen estuvo marcada por señalamientos entre legisladores del PRI y Morena. El diputado Guillermo Valencia Reyes cuestionó que se responsabilizara únicamente a los gobiernos anteriores por las desapariciones y sostuvo que durante el sexenio de Felipe Calderón se registraron 17 mil casos, frente a 52 mil durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. Aunque manifestó su respaldo al dictamen, advirtió que aprobar una ley no garantiza resultados. “Yo en ningún momento descalifiqué la ley. Yo dije, repito, toda ley se convierte en letra muerta si no se aplica”, expresó, al señalar que esperaba que la legislación contribuyera a detener la crisis.
La diputada Giulianna Bugarini Torres respondió que los marcos jurídicos representan herramientas fundamentales para garantizar derechos y exigir resultados a las instituciones. Cuestionó que desde el propio Poder Legislativo se pusiera en duda la utilidad de las leyes y recordó que el dictamen fue construido mediante mesas de trabajo con familiares de personas desaparecidas. “Las leyes sirven como herramienta de exigencia”, señaló, al destacar que la nueva legislación busca establecer mecanismos de protección, acceso a la justicia y coordinación institucional.
Por su parte, la legisladora Vanessa Caratachea Sánchez consideró que la aprobación representa un avance frente a una deuda pendiente con las madres buscadoras, aunque reconoció que el ordenamiento podrá modificarse conforme a las necesidades sociales. “Todas las leyes son perfectibles, ninguna es perfecta y se va modificando a través del tiempo, atendiendo a las necesidades sociales”, manifestó. También sostuvo que las diferencias expresadas durante la sesión formaban parte del debate legislativo y no debían confundirse con una falta de respaldo a las familias.
En tanto, el diputado Juan Pablo Celis Silva reprochó a la oposición que centrara sus intervenciones en las cifras de desapariciones de gobiernos anteriores, cuando las familias acudieron al Congreso para exigir soluciones. “Las madres no vienen a escuchar quién tiene más, quién tiene menos”, expresó, al señalar que la responsabilidad de los legisladores es proporcionar herramientas jurídicas para que el Estado asuma las labores de búsqueda y las víctimas no tengan que enfrentar solas los trámites y obstáculos institucionales.
El diputado Baltazar Gaona García también defendió la legislación y reconoció el trabajo de la Comisión de Justicia, al considerar que permitirá fortalecer la coordinación entre las dependencias encargadas de buscar personas desaparecidas. Durante su participación hizo señalamientos contra los gobiernos que calificó como neoliberales, a los que atribuyó responsabilidades históricas por desapariciones forzadas. Ante la prolongación de la discusión, la presidenta de la Comisión de Justicia, Anabet Franco Carrizales, pidió proceder a la votación por respeto a las madres buscadoras presentes en el recinto.
Finalmente, el dictamen fue aprobado con 27 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Entre sus disposiciones transitorias establece que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, que el Sistema Estatal de Búsqueda deberá instalarse dentro de los siguientes 30 días y que el Ejecutivo contará con 180 días hábiles, a partir de la entrada en vigor, para emitir su reglamento. Con ello, después de tres años y dos aprobaciones legislativas, la publicación de la ley vuelve a quedar pendiente de la actuación del Gobierno de Michoacán.
