América Juárez Navarro
El presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Michoacán, Baltazar Gaona García, advirtió que la aplicación del Plan B podría detonar una crisis operativa en el Poder Legislativo, con despidos masivos, eliminación de áreas y recortes severos al funcionamiento del Congreso.
Durante una rueda de prensa, el legislador señaló que la reducción presupuestal estimada de hasta 420 millones de pesos obligaría a tomar decisiones drásticas, ya que ni eliminando el salario de las y los diputados se alcanzaría a cubrir ese monto.
Indicó que el Congreso actualmente opera con un presupuesto cercano a los mil 200 millones de pesos, donde la mayor carga corresponde a la nómina de aproximadamente mil 50 trabajadores, por lo que advirtió que el ajuste podría implicar el despido de entre 300 y 400 empleados.
Además, alertó que tendrían que desaparecer áreas completas como comunicación social, biblioteca, archivo y programas de atención ciudadana, así como cancelar sesiones solemnes, condecoraciones y contratos con medios de comunicación.
En este contexto, el legislador subrayó que la situación se agrava por la carga financiera que enfrenta el estado, con una deuda pública que supera los 19 mil millones de pesos, pese a que ya se han pagado cerca de 20 mil millones en años recientes.
Detalló que cada año se destinan alrededor de 3 mil 200 millones de pesos al pago del servicio de la deuda, recursos que podrían invertirse en áreas prioritarias, pero que actualmente se destinan al sistema financiero.
Asimismo, evidenció irregularidades en el manejo de recursos municipales tras la fiscalización de la cuenta pública 2024, donde se detectaron 576 observaciones no solventadas y decenas de casos con posibles faltas administrativas por montos millonarios.
Señaló que municipios como Tarímbaro, Irimbo, Pátzcuaro y Morelia concentran el mayor número de observaciones, además de que ya existen denuncias por presuntos actos de corrupción en obras públicas y organismos operadores de agua.
En el ámbito político, explicó que el Partido del Trabajo no respaldó la propuesta original de reforma electoral debido a que implicaba una reducción de prerrogativas que pondría en riesgo la operación de partidos con menor financiamiento.
Finalmente, advirtió que, aunque existe disposición de acompañar el Plan B, su implementación podría tener consecuencias profundas en la estructura del Congreso. “Tenemos que asumir el reto, pero el impacto sería muy fuerte”, concluyó.
