América Juárez Navarro
Morelia, Mich.— La discusión del llamado Plan B, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, encendió el debate en el Congreso de Michoacán, donde coincidieron posturas a favor de reducir privilegios, pero también surgieron advertencias sobre las implicaciones reales de aplicar recortes al presupuesto.
Durante la sesión de este miércoles, la diputada de Morena, María Fabiola Alanís Sámano, defendió la reforma al señalar que responde a una exigencia ciudadana de terminar con los excesos en el gasto público.
“El pueblo quiere que el dinero del pueblo se gaste en el pueblo”, expresó desde tribuna, al subrayar que existe una presión social creciente para hacer más eficientes y cercanas las instituciones.
La legisladora enmarcó la iniciativa en los principios de la Cuarta Transformación, como la austeridad republicana, y reiteró el respaldo de su bancada. No obstante, advirtió que los ajustes no deben afectar a las y los trabajadores, por lo que garantizó el respeto a sus derechos laborales.
Alertan por impacto presupuestal
El respaldo al Plan B también vino acompañado de advertencias. El diputado del Partido del Trabajo, Baltazar Gaona García, señaló que el recorte estimado —de alrededor de 420 millones de pesos— representa un desafío significativo para la operación del Congreso.
“El mayor gasto está en el personal. Tendríamos que revisar a fondo la estructura”, indicó, al poner sobre la mesa la necesidad de analizar con responsabilidad las consecuencias del ajuste.
El legislador planteó que la discusión no puede quedarse en el discurso, sino que debe considerar cómo aplicar la austeridad sin generar afectaciones internas.
Cruzan posturas sobre austeridad
En medio del debate, también surgieron cuestionamientos sobre la narrativa de reducción de excesos en el gasto público, al señalar que la administración de recursos actualmente recae en gran medida en gobiernos emanados de Morena.
Ante ello, legisladores morenistas rechazaron los señalamientos y defendieron que la reforma no busca debilitar al Congreso, sino transformar un modelo institucional que durante años permitió altos costos en la política.
“No nos da miedo que nos quiten privilegios, para eso llegamos”, respondieron desde tribuna.
Asimismo, insistieron en que la demanda ciudadana es clara: menos privilegios y más resultados, por lo que el reto será hacer más eficiente el uso del recurso público sin afectar a quienes menos tienen.
Austeridad en la prueba de los hechos
El intercambio dejó en evidencia que, aunque existe coincidencia en respaldar la reforma, el verdadero desafío estará en su implementación.
Entre el llamado a eliminar privilegios y las advertencias sobre su viabilidad, el Congreso de Michoacán se perfila como un escenario clave para medir hasta dónde puede avanzar la política de austeridad sin generar costos internos.
