América Juárez Navarro
El Congreso del Estado aprobó la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Michoacán con 26 votos a favor, cuatro en contra y sin abstenciones, en una sesión marcada por el contraste entre quienes la defendieron como parte de la armonización constitucional y quienes alertaron sobre un posible retroceso en el derecho ciudadano a saber.
Durante la discusión en tribuna, el presidente del Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Congreso, Conrado Paz Torres, sostuvo que la nueva legislación no solo cumple con un mandato constitucional, sino que también abre paso a un modelo de transparencia sustentado en la legalidad, la máxima publicidad, la rendición de cuentas y la progresividad de los derechos humanos.
El legislador afirmó que la expedición de esta norma representa “un paso firme hacia la consolidación de un Michoacán más transparente, democrático y responsable ante la sociedad”, y aseguró que desde el Poder Legislativo se realizaron trabajos coordinados para avanzar hacia “una transición más accesible, efectiva y eficiente hacia el nuevo sistema de transparencia en el Estado”.
En contraste, la bancada del PAN manifestó su rechazo a la reforma. La diputada Teresita Herrera Maldonado advirtió que, con la desaparición del Instituto Michoacano de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la ciudadanía quedará en una posición de mayor vulnerabilidad, al dejar la garantía de este derecho en manos del propio gobierno.
Desde tribuna, cuestionó que sea la Secretaría de Contraloría del Estado la nueva autoridad garante, al considerar que con ello “el gobierno cuidará al gobierno”, lo que, dijo, abre la puerta a que información relacionada con contratos, licitaciones, adjudicaciones, obras públicas, programas sociales y ejercicio del gasto pueda ser clasificada o reservada bajo criterios poco claros.
La legisladora panista sostuvo además que esta nueva ley “responde a una necesidad política, no a una exigencia social”, por lo que su grupo parlamentario votó en contra al considerar que la propuesta no fortalece plenamente un derecho humano, sino que podría derivar en una simulación de su cumplimiento.
Ya en la discusión en lo particular, el diputado del Partido Verde Ecologista de México, Juan Antonio Magaña de la Mora, presentó una reserva al artículo décimo transitorio, al advertir que su contenido invadía atribuciones exclusivas de la Federación y contravenía principios constitucionales.
Argumentó que el Congreso local no tiene facultades para legislar en materia de juicio de amparo ni para imponer disposiciones al Poder Judicial de la Federación. Además, señaló que la suspensión de plazos procesales prevista en ese artículo afectaba el derecho de acceso a la justicia en asuntos relacionados con transparencia y protección de datos personales.
La reserva fue aprobada, por lo que el artículo décimo transitorio fue eliminado por completo. Dicho apartado contemplaba que el Poder Judicial de la Federación atendiera los juicios de amparo en esta materia y, además, proponía suspender por 180 días naturales los plazos y términos procesales de los asuntos en trámite.
Con esta votación, el Congreso concretó el nuevo marco legal en materia de transparencia para Michoacán, aunque el debate dejó expuestas dos visiones claramente enfrentadas: la de quienes consideran que la nueva ley fortalece el modelo institucional y la de quienes advierten que, sin un órgano autónomo, el acceso a la información pública podría quedar más expuesto al control del propio gobierno.
