América Juárez Navarro
El diputado local de Movimiento Ciudadano e integrante de la Comisión de Asuntos Electorales, Antonio Carreño Sosa, sostuvo que la reforma relacionada con la carta de no antecedentes penales no surgió de una decisión discrecional del Congreso del Estado, sino del cumplimiento a un mandato ya establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El legislador explicó que este tema tiene antecedentes desde 2018 y posteriormente derivó en jurisprudencia, por lo que el dictamen elaborado por el Poder Legislativo se construyó con base en la Constitución local, la federal y en los criterios emitidos por el máximo tribunal del país.
“No es un capricho ni un tema de contenido, era simplemente cumplir lo que la Corte nos manda”, expresó.
Carreño Sosa señaló que, desde una perspectiva estrictamente jurídica, el sentido del dictamen tendría que mantenerse, ya que las comisiones legislativas están obligadas a resolver con apego a la legalidad y no a partir de valoraciones políticas.
“En el apego jurídico el dictamen tendría que ser el mismo, porque es un mandato de la Corte”, afirmó.
Respecto a las observaciones enviadas por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla al decreto aprobado por el Congreso, el diputado dijo entender que existe una preocupación legítima por fortalecer los filtros para el proceso electoral, aunque insistió en que el debate sobre la carta de no antecedentes penales ya fue resuelto en el ámbito constitucional.
“Yo entiendo que es una preocupación del gobernador, como lo es de, estoy seguro, los 40 diputados que estamos en esta legislatura, de blindar el proceso electoral”, señaló.
Sin embargo, consideró que reducir la discusión a ese requisito desvía la atención del problema de fondo, al advertir que la carta de no antecedentes penales no ha sido suficiente para frenar la intervención del crimen organizado en los procesos electorales.
“La carta de no antecedentes penales es algo que ya se encuentra en el Código Electoral y, seamos claros, no ha resuelto el problema de la inclusión del crimen organizado en los procesos electorales”, declaró.
En ese sentido, llamó a dejar atrás una discusión centrada únicamente en ese documento y avanzar hacia mecanismos más eficaces para proteger las elecciones.
“Dejemos atrás este debate y pongámonos a trabajar en conjunto para blindar, más allá de la carta de antecedentes penales, los procesos electorales de la incidencia del crimen organizado”, afirmó.
Como contexto, el legislador precisó que el tema deberá volver a revisarse en comisiones a partir de las observaciones enviadas por el Ejecutivo estatal, aunque remarcó que el análisis deberá mantenerse dentro del marco jurídico que ya fijó la Suprema Corte.
