América Juárez Navarro
Morelia, Michoacán.– La historia de Brenda Ortiz Corona y su hijo es un recordatorio de la vulnerabilidad de los niños frente a la violencia escolar y la indiferencia institucional. Su hijo, alumno destacado de cuarto grado en la Escuela Primaria Jesús Romero Flores, sufrió hace tres años una golpiza a manos de cinco compañeros tres niños y una niña que le dejó un coágulo en la cabeza y lo obligó a recibir tratamiento médico constante en Guadalajara. Cada visita implica gastos superiores a los 25 mil pesos, que su familia ha tenido que cubrir mientras espera la reparación del daño ordenada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
“La Secretaría de Educación me dice que hasta el próximo año podrían cubrirlo, pero mi hijo no puede esperar”, relata Brenda. “Han pasado tres años de trámites y negativas. Los niños tienen derecho a una educación libre de violencia, y mi hijo merece justicia ya”.
La agresión no solo afectó la salud física del menor, sino también su vida escolar y emocional. Durante años, enfrentó discriminación por parte de algunos docentes y omisión de cuidados por parte del personal directivo. Ninguno de los responsables fue sancionado, y los agresores continuaron con su conducta violenta hasta que terminó la primaria.
La situación se agravó por la amenaza de represalias de los padres de los agresores, que intentaron intimidar a Brenda por exigir que se respetaran los derechos de su hijo. “Es un calvario diario, y no podemos seguir esperando que las autoridades cumplan con su obligación”, dice la madre, quien perdió su empleo al dedicarse por completo a cuidar a su hijo.
A pesar de la resolución de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la reparación del daño no se ha concretado. Brenda exige que se cumpla la ley y que se implementen protocolos de seguridad en la escuela para proteger a todos los estudiantes. “Que se hagan responsables de lo que hicieron sus directivos o su personal. Mi hijo merece ser protegido, no abandonado”, enfatiza.
El caso de Brenda y su hijo evidencia la necesidad de reforzar la responsabilidad de las instituciones educativas y garantizar mecanismos efectivos de protección para los menores. La impunidad y la indiferencia no solo dañan a las víctimas directas, sino que envían un mensaje peligroso sobre la tolerancia a la violencia en las escuelas.
Tres años después de aquel episodio, la lucha de Brenda continúa. Su llamado es claro: justicia para su hijo y medidas que aseguren que ningún niño vuelva a ser víctima de abuso dentro de un aula. “La verdadera justicia empieza por respetar los derechos de los más vulnerables”, concluye.
